Los directores de los institutos defienden el nuevo decreto de Enseñanza

La Asociación de Directivos de Institutos de Educación de Secundaria de Cataluña (AXIA) salió ayer en defensa del decreto de admisión de alumnos elaborado por Enseñanza, que ha sido

criticado duramente por las patronales de la escuela concertada. Esta asociación consideró "muy positivo" que el objetivo de la nueva normativa sea tratar de evitar "el desequilibrio" actual entre las escuelas públicas y las privadas que reciben conciertos educativos, y "coordinar" la labor entre la doble red de centros. El presidente de AXIA, Carlos Mata, recordó ayer que existe una "excesiva" concentración...

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La Asociación de Directivos de Institutos de Educación de Secundaria de Cataluña (AXIA) salió ayer en defensa del decreto de admisión de alumnos elaborado por Enseñanza, que ha sido

criticado duramente por las patronales de la escuela concertada. Esta asociación consideró "muy positivo" que el objetivo de la nueva normativa sea tratar de evitar "el desequilibrio" actual entre las escuelas públicas y las privadas que reciben conciertos educativos, y "coordinar" la labor entre la doble red de centros. El presidente de AXIA, Carlos Mata, recordó ayer que existe una "excesiva" concentración de alumnos con necesidades especiales en la pública, y apoyó el decreto porque cree que "todos los centros sostenidos con fondos públicos deben actuar solidariamente en la escolarización". Mata subrayó que es necesario "avanzar en la consolidación de un sistema educativo en el que todos los centros tengan los mismos derechos y los mismos deberes".

Por otra parte, el sindicato USTEC-STE, mayoritario en los centros públicos, también salió ayer en defensa de la nueva normativa auspiciada por el actual conseller en cap, Josep Bargalló. Este sindicato cree que las más de 500 alegaciones presentadas al Departamento de Enseñanza en contra del proyecto constituye un "ataque preventivo" contra el Gobierno catalán. Carolina Rius, portavoz de USTEC, señaló que la postura de determinados sectores de la concertada "no responde a intereses educativos, sino sobre todo políticos", y los acusó de tratar de "mantener en situación de privilegio unos determinados centros".

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