La Federación de Municipios insta a no dar el padrón de inmigrantes a la policía
Un informe de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) hecho público ayer recomienda a los ayuntamientos que impidan que la policía tenga libre acceso a los datos del padrón municipal tal como se estipula en la recientemente reformada Ley de Extranjería. La FMC, que agrupa a 520 municipios catalanes, encargó este informe a un grupo de expertos para determinar si los ayuntamientos debían facilitar a la policía todos los datos incluidos en el padrón para evitar así la inmigración ilegal. El padrón es la única vía que tienen los inmigrantes -regulares o irregulares- para acceder a servicios ...
Un informe de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) hecho público ayer recomienda a los ayuntamientos que impidan que la policía tenga libre acceso a los datos del padrón municipal tal como se estipula en la recientemente reformada Ley de Extranjería. La FMC, que agrupa a 520 municipios catalanes, encargó este informe a un grupo de expertos para determinar si los ayuntamientos debían facilitar a la policía todos los datos incluidos en el padrón para evitar así la inmigración ilegal. El padrón es la única vía que tienen los inmigrantes -regulares o irregulares- para acceder a servicios básicos de salud y educación, y los ayuntamientos temen que los extranjeros sin papeles dejen de empadronarse por miedo a ser detenidos y expulsados.
El informe de la Federación de Municipios aconseja a sus socios que sólo accedan a facilitar información personal cuando la policía lo justifique suficientemente, y nunca de forma generalizada. Los expertos tampoco consideran "apropiado" dar a la policía un acceso telemático a los datos del padrón. Desde el pasado otoño, decenas de ayuntamientos catalanes han aprobado mociones en este sentido, aunque la mayor parte de consistorios están a la espera de conocer los detalles del reglamento de la Ley de Extranjería para tomar posición al respecto. Las ONG y los sindicatos también han mostrado su rechazo a esta medida del Gobierno, puesto que la ven como un intento más de impedir que los inmigrantes puedan acceder a servicios básicos.