El Gobierno rechaza por falta de "pluralismo ideológico" un proyecto de 87 investigadores
Peces-Barba logra que Ciencia y Tecnología investigue si la evaluación se hizo con garantías
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha denegado una ayuda solicitada por 87 investigadores de 12 universidades españolas encabezados por el rector Gregorio Peces-Barba argumentando en primer lugar la "ausencia de pluralismo científico e ideológico". El proyecto trataba de crear una red temática sobre derechos humanos, la materia que les es común a todos. El ministerio, tras conocer las alegaciones, va a abrir "un procedimiento" para verificar que la evaluación se haya hecho con todas las garantías. Y se decidirá de nuevo sobre el proyecto tras estudiar las alegaciones presentadas por Peces-B...
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha denegado una ayuda solicitada por 87 investigadores de 12 universidades españolas encabezados por el rector Gregorio Peces-Barba argumentando en primer lugar la "ausencia de pluralismo científico e ideológico". El proyecto trataba de crear una red temática sobre derechos humanos, la materia que les es común a todos. El ministerio, tras conocer las alegaciones, va a abrir "un procedimiento" para verificar que la evaluación se haya hecho con todas las garantías. Y se decidirá de nuevo sobre el proyecto tras estudiar las alegaciones presentadas por Peces-Barba, en las que afirma que se contradicen y vulneran artículos fundamentales de la Constitución.
Esperaban que el proyecto pudiera denegarse por razones económicas (se pedían 672.000 euros) o, simplemente, por no considerarse prioritario, pero no que las causas de denegación fueran "arbitrarias e incluso ofensivas".
En los tres folios redactados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología se acusa al proyecto, en primer lugar, de "ausencia de pluralismo científico e ideológico". Más adelante se dice que "por su parcialidad y limitación no es apto para vertebrar la comunidad científica de los investigadores en materia de derechos humanos"; algo después se tachan de "tópicas" tanto las líneas de trabajo específicas como las generales; el proyecto, en varios de sus apartados, recibe los calificativos de pobre, nada definido, ambiguo, vago, impreciso e inconcreto.
Por último, a los "expertos independientes", según el ministerio, que evaluaron el proyecto, les parece "cuestionable la aptitud de la mayor parte de los miembros de la red" para realizar estudios empíricos. Los "miembros de la red" son 87 profesores de 12 universidades españolas encabezados por el rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, como investigador responsable. El Instituto Universitario de Derechos Humanos de esta universidad, el Bartolomé de las Casas, ha sido el catalizador de la iniciativa.
Seguridad jurídica
Conocidas las causas de la denegación, Peces-Barba ha presentado 20 folios de alegaciones en los que acusa a los evaluadores de "falsear directamente la realidad" en algunos casos. Pero, sobre todo, explica que los argumentos usados "pueden estar enfrentados con derechos reconocidos en la Constitución Española" así como con la normativa vigente. Cita, en concreto, el artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza el principio de seguridad jurídica.
La acusación de ausencia de pluralismo ideológico ha caído como una bomba. "¿Qué ideologías faltan? ¿Qué profesores faltan? ¿Qué ideologías están ausentes del currículo de los miembros de la red?", se defienden los profesores del proyecto, y en su nombre, Peces-Barba.
Sobre la ausencia de pluralismo científico se acude al artículo 20 de la Constitución, en el que se protege la libertad de cátedra. Es, dice el rector de la Carlos III, "un claro atentado" a ese artículo y "una intromisión injustificada de los poderes públicos".
El Ministerio de Ciencia y Tecnología defendió la independencia de los "expertos" de la comunidad científica que han evaluado el proyecto, una tarea que se encomendó a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Lo evaluaron en principio tres especialistas de la materia de que se trataba y, posteriormente, otros seis miembros de una comisión de selección.
Vistas las alegaciones, vastamente fundamentadas, el Ministerio explica que la misma comisión de selección hará una "propuesta de resolución" puesto que el procedimiento, aún "no está concluido". Además anunciaron la apertura de un procedimiento "para verificar si en el proceso de evaluación se ha actuado de forma contraria a derecho", aunque entienden que cuando los evaluadores hacen notar la ausencia de pluralidad ideológica se refieren a la "ausencia en la solicitud de especialistas en algunas disciplinas jurídicas", explicó el Ministerio.
Los 10 grupos de investigación sobre derechos humanos pretendían, con la ayuda solicitada, unirse en una red única que favoreciera la movilidad entre sus integrantes así como el intercambio fluido de sus experiencias e investigaciones para "consolidar la repercusión de sus resultados".
Esa red temática nacía además con vocación de ampliarse hacia Europa y el ámbito internacional en su conjunto, con especial interés hacia Latinoamérica. La estructura de la red, decían en su propuesta, "debe ser abierta, dinámica y flexible".
"Buscábamos el reconocimiento oficial de una red que, en la práctica, ya existe; el apoyo económico no nos hubiera venido mal, claro, pero, sobre todo, pretendíamos un reconocimiento para acceder a ámbitos europeos o internacionales, todos juntos, como red", explicó el director del instituto Bartolomé de las Casas, Rafael de Asís. "Entendíamos que nos dijeran que no había fondos, pero entrar en esas descalificaciones... Después de todo son investigadores juzgando a investigadores, todos somos compañeros..."
"El mundo universitario puede ser malvado en ocasiones, pero incluir una acusación de tipo ideológico está fuera de lugar. Que el Ministerio no se dé cuenta de esto... Si alguien lúcido lo hubiera revisado antes podría haber parado este documento", sostiene De Asís. E insiste: "Nuestro grupo es plural".
Esa evaluación, añade en las alegaciones Peces-Barba, sólo puede ser explicada como "el resultado de una especie de animadversión de los evaluadores y, al hacer suyos los criterios de éstos, del Ministerio".
Otros proyectos en mejor puerto
El proyecto presentado al Ministerio de Ciencia y Tecnología detalla la trayectoria académica de estos 10 grupos investigadores, en materia siempre de derechos humanos. Han organizado cursos, másters, seminarios, doctorados; tienen numerosas publicaciones en su haber y han colaborado con distintos partidos y sindicatos (UGT, CC OO, CiU, PSOE) y con instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, institutos de la mujer, ONG; algunos de sus proyectos han ganado ayudas económicas de distintos gobiernos autonómicos y de grandes bancos, en ocasiones compitiendo con más de 300 trabajos presentados. Y los temas que han tratado, en colaboración, a veces, con universidades extranjeras, van desde el maltrato a las mujeres hasta la globalización pasando por extranjeros, minorías, inmigrantes, democracia, discriminación.
"Hay otros institutos y organizaciones que se dedican a los derechos humanos, por supuesto, pero desde luego estos grupos son muy representativos. Y el Instituto Bartolomé de las Casas es un referente claro", defiende su director, Rafael de Asís. Sin embargo, los evaluadores del proyecto piensan que "por su parcialidad y limitación no es apto para vertebrar la comunidad científica de los investigadores en materia de derechos humanos cara al espacio europeo".
"Tampoco compartimos como argumento para denegar el que digan que presentamos actividades de divulgación y que esto no tiene que ver con resultados de investigación. Si la investigación se queda en el ámbito académico sirve de poco", dice De Asís.