La Junta de Andalucía se enfrenta hoy en un juzgado de Madrid a las tabacaleras
La vista por la demanda civil presentada por la Junta de Andalucía contra seis empresas tabacaleras a las que reclama una indemnización de 1,77 millones de euros por los costes sanitarios generados por el tabaquismo comenzará hoy en el Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid, adonde regresó el procedimiento tras cerrarse la vía contencioso-administrativa. En concreto, la Administración andaluza reclama a Altadis, Philip Morris Spain, Tabacos Canari Island, British American Tobacco España, Cita y JT International el pago de la atención sanitaria prestada a 135 pacientes que han sufrido...
La vista por la demanda civil presentada por la Junta de Andalucía contra seis empresas tabacaleras a las que reclama una indemnización de 1,77 millones de euros por los costes sanitarios generados por el tabaquismo comenzará hoy en el Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid, adonde regresó el procedimiento tras cerrarse la vía contencioso-administrativa. En concreto, la Administración andaluza reclama a Altadis, Philip Morris Spain, Tabacos Canari Island, British American Tobacco España, Cita y JT International el pago de la atención sanitaria prestada a 135 pacientes que han sufrido patologías originadas por su adicción al tabaco, aunque en la demanda se incluye el historial clínico de 300 personas afectadas por la adicción al tabaco.
La demanda -la primera que impulsa una Administración europea contra la industria tabacalera- fue admitida a trámite el 20 de marzo de 2002 por el mismo juzgado que hoy celebrará la vista previa. Pero la demora en la apertura del procedimiento civil obedeció al recurso interpuesto por la empresa Altadis, en el que argumentaba que buena parte de los hechos ocurrieron antes de su privatización. Sus argumentos jurídicos los tuvo en cuenta la titular del Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid, Concepción Rodríguez González del Real, que dictó un auto a finales de julio de 2002, en el que consideraba que el Estado debía incorporarse al proceso al haber sido titular del monopolio de la fabricación y distribución del tabaco hasta 1998. Por esta razón, la juez concluía que la demanda de la Junta debía dirigirse hacia la vía contencioso-administrativa en vez de la civil.
Responsabilidad futura
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid enmendó en mayo de 2003 el criterio de la juez instructora al señalar que la compañía, tras ser privatizada, asumió todos sus derechos, obligaciones "y todas las responsabilidades futuras". No obstante, el fallo no cerraba totalmente la inclusión del Estado en cualquier otro momento del proceso. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía pretenden dejar fuera de su reclamación al Estado con el argumento de que el monopolio fue de carácter fiscal o recaudatorio sin que ello implicase el monopolio de la fabricación y la distribución de cigarrillos.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, se mostró ayer en Linares (Jaén) confiado en que la posición de su Gobierno contra las tabacaleras sea "avalada por la justicia", aunque se refirió con cautela al inicio del procedimiento civil. "Lo mejor ahora es esperar", dijo. Por su parte, la Asociación de Empresarios del Tabaco, a la que pertenecen las seis compañías demandadas, rehusó pronunciarse sobre el inicio del proceso. La Consejería de Salud andaluza asegura que cada año fallecen alrededor de 10.000 personas en Andalucía debido a la adicción al tabaco.