Abordaje caducado

Los activistas de Greenpeace acusados de desobediencia a la autoridad tras abordar en 2002 un barco que iba a Sagunto cargado de madera de Liberia no tendrán que volver a ver a la juez. Cuatro tripulantes del Raimbow Warrior estaban citados ayer en el juzgado número 3 de Sagunto para responder a las acusaciones de la Guardia Civil aunque finalmente no tendrá lugar el juicio ya que los hechos han prescrito. "Los delitos de faltas prescriben a los seis meses", comentaba ayer el abogado de la organización no gubernamental (ONG), José Manuel Marraco Espinós, "y se produjeron en marzo de 200...

Los activistas de Greenpeace acusados de desobediencia a la autoridad tras abordar en 2002 un barco que iba a Sagunto cargado de madera de Liberia no tendrán que volver a ver a la juez. Cuatro tripulantes del Raimbow Warrior estaban citados ayer en el juzgado número 3 de Sagunto para responder a las acusaciones de la Guardia Civil aunque finalmente no tendrá lugar el juicio ya que los hechos han prescrito. "Los delitos de faltas prescriben a los seis meses", comentaba ayer el abogado de la organización no gubernamental (ONG), José Manuel Marraco Espinós, "y se produjeron en marzo de 2002, así que no pueden ser juzgados en enero de 2004", comentó. "Ha habido una dilatación indebida que corresponde a la falta de medios de la Administración de justicia", señaló el letrado, aunque no dejó de mostrar su satisfacción por el hecho de que no vaya a celebrarse el juicio.

Sin embargo, la verdadera victoria relacionada con este hecho se produjo hace algunos meses, en mayo de 2003, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidad comenzó a poner fin al comercio de madera procedente de Liberia relacionada con la financiación de la maquinaria de guerra del presidente del país, Charles Taylor. La exportación se convirtió en un gran negocio en expansión, de tal forma que si en 1991 llegaron a España 3.300 toneladas de metros cúbicos de madera liberiana, en 2000 llegaron 14,1 millones y en 2001 17,9 millones de metros cúbicos, segun un informe de Greenpeace elaborado con datos de la Asociación Españoles de Importadores de Madera y el Servicio de Aduanas.

Por unanimidad, el consejo acordó renovar las sanciones existentes impuestas al país africano e incluyó por primera vez, como apunta la ONG, una prohibición de todas las exportaciones de madera que se hizo efectiva el 7 de julio de 2003.

Ante el conocimiento por parte de la ONG de que un barco cargado con madera tropical de Liberia iba a atracar en Sagunto en marzo de 2003, activistas que formaban parte del buque enseña de la organización se acercaron de madrugada al buque Melteni, lo abordaron y se encadenaron a los troncos mientras desplegaron dos pancartas en inglés y castellano con el lema "Salvad a los bosques primarios". La acción se enmarcaba en la campaña desplegada por la organización destinada a frenar las importaciones de madera procedentes de la destrucción mediambiental y reclamando prácticas de explotación forestal reguladas y ajustadas a los criterios de sostenibilidad.

Pero, además, en el caso concreto del Meltemi, la ONG ligaba la explotación de madera ilegal con los beneficios relacionados con la compra de armas del gobierno liberiano. De hecho, un informe de Naciones Unidas señalaba que la industria forestal del país se encontraba "envuelta en variedad de actividades ilícitas y gran parte de sus ingresos son utilizados para pagar actividades no presupuestadas, incluyendo la adquisición de armamento". A ello se unió que en el buque viajaban siete polizones que viajaban a bordo del buque y que se encontraban encerrados desde hacía dos semanas en un camarote.

Un año y dos meses después de la acción de Greenpeace frente a la costa de Sagunto, llegaron las sanciones a la exportación de madera procedente de Liberia y la recompensa moral a Greenpeace. Pero queda mucho aún por hacer. "En la actualidad, en los puertos de Valencia y Sagunto se permite la entrada de otra madera ilegal, como la procedente de la República Democrática del Congo, país en el que siete facciones luchan por el control de las zonas de explotación", según el responsable de la campaña de bosques de la organización, Miguel Ángel Soto.