Un diputado nacional del PP presionó en Agricultura a favor del ex socio de Fabra

El Ministerio de Agricultura abrió en 2002 una investigación interna, de la que se encargaron dos miembros de la Inspección General de Servicios, para determinar si había algún problema especial con las peticiones de autorización para venta de productos fitosanitarios de la empresa Artemis 2000, propiedad de la esposa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, y de la del empresario Vicente Vilar. La investigación se abrió a raíz de las presiones del diputado nacional del PP, Miguel Prim, que se dirigió al ministro Miguel Arias Cañete, según denunció ayer Vilar y no de...

El Ministerio de Agricultura abrió en 2002 una investigación interna, de la que se encargaron dos miembros de la Inspección General de Servicios, para determinar si había algún problema especial con las peticiones de autorización para venta de productos fitosanitarios de la empresa Artemis 2000, propiedad de la esposa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, y de la del empresario Vicente Vilar. La investigación se abrió a raíz de las presiones del diputado nacional del PP, Miguel Prim, que se dirigió al ministro Miguel Arias Cañete, según denunció ayer Vilar y no desmintió el parlamentario.

Un portavoz del ministerio de Agricultura reconoce que hubo una investigación sobre los retrasos en la concesión de autorizaciones para vender productos fitosanitarios ante las reiteradas quejas de Vilar, propietario de Naranjax, la empresa fabricante de los productos fitosanitarios, y ex administrador de Artemis 2000, la sociedad que solicitaba las autorizaciones y en cuyo consejo de administración figuran aún su mujer junto a la esposa de Fabra.

La investigación determinó que, efectivamente, la tramitación estaba retrasada, pero concluyó que el mismo problema afectaba al resto de peticiones de autorización de productos fitosanitarios. Al ministerio se dirigen para estos trámites más de 200 empresas al año, ya que estas licencias suponen un buen negocio para quien las logra.

El portavoz de Agricultura señaló a este periódico que el motivo del retraso era el elevado número de expedientes que tienen que atender los funcionarios y al necesario trámite de este proceso en el ministerio de Sanidad. Agricultura no le concede ninguna importancia al hecho de que se investigara este caso en particular, y no otros, y dice que es frecuente atender a las quejas de los ciudadanos con una inspección.

Querella por estafa

Vicente Vilar, que se ha querellado contra el presidente de la Diputación de Castellón por los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, entre otros, aseguró ayer que las denuncias presentadas ante el Ministerio de Agricultura por los "retrasos" en la concesión de autorización de productos fitosanitarios fueron, en principio, una mera estrategia empresarial.

Vilar apuntó que, tal como denunció públicamente en 2000, tenía reticencias sobre el trabajo de los técnicos y dudas sobre la existencia de un posible interés velado por no dañar los intereses de las multinacionales fabricantes de los mismos productos que él mismo comercializaba.

Vilar se quejó a la administración. Le respondieron achacando los retrasos al Ministerio de Sanidad, que debía realizar informes antes de que Agricultura pudiera conceder las autorizaciones. El empresario sostiene que, mientras se tratara de productos "banales", los registros se concedían en poco más de un año pero que, en el caso de los fitosanitarios que Naranjax pretendía fabricar, como la Abamectina, la autorización se demoraba, a su entender, demasiado tiempo.

El empresario explicó ayer que, al principio, las denuncias ante el Ministerio no se presentaron contando con la mediación de ningún cargo público. Posteriormente, se "ideó" la estrategia de acudir a los altos cargos para, según recoge en la querella, "convencer a políticos de alto rango del PP de que los técnicos del Ministerio de Agricultura y Sanidad eran unos mafiosos bien organizados".

Para ello, tal como indica el documento judicial, mantiene reuniones con los entonces ministros de Sanidad y Agricultura "y les pide que presionen a los directores y subdirectores generales para que, a su vez, éstos presionen a los técnicos responsables del registro y las autorizaciones se concedan rápidamente".

Incluso, tal como recoge la querella de Vilar, el presidente de la Diputación de Castellón le "dio las directrices" para que redactara y mandara un fax a la misma diputación en el que constatara el "malestar de los fabricantes de productos fitosanitarios" con el fin de, según Vilar, enseñárselo al presidente del Gobierno, José María Aznar, e implicar a la entonces directora general de Sanidad, Dolores Flores, "amiga de Ana Botella".

Días después de la presentación de la querella por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, contra la salud pública y contra la propiedad intelectual, el empresario defendió la actuación de los técnicos de ambos ministerios - "ahora entiendo que con la peligrosidad de los productos se realizaran todos los informes y análisis necesarios", declaró-, pero igualmente indicó que, después de años tratando de conseguir una autorización, algunas se lograron "una semana después de que se realizaran las gestiones políticas". Ayer, Vilar recordó esas quejas y añadió que el "problema" para él es que Carlos Fabra le cobraba por hacer esa gestión.

Monserrat Vives, la ex mujer de Vilar, atribuyó hace días la querella presentada por el empresario a una venganza contra ella: "A mi ex marido no le gustó que Fabra me ayudase cuando me separé de él y me dejó en la calle sin nada, ya que quería verme totalmente arruinada".