El Constitucional admite un recurso contra la ley que permitía privatizar el metro

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de 11 municipios contra la ley de acompañamiento de los presupuestos catalanes de 2003. Los ayuntamientos reclamaron ante el alto tribunal al entender que el proyecto abría las puertas a privatizar la línea 9 del metro, parcialmente en construcción, y que esta decisión vulneraba la legislación actual, que atribuye las competencias sobre el transporte público en exclusiva a los municipios de más de 50.000 habitantes. El Gobierno catalán defendió la conveniencia de adjudicar la explotación de la línea por concurso público.

La ley...

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de 11 municipios contra la ley de acompañamiento de los presupuestos catalanes de 2003. Los ayuntamientos reclamaron ante el alto tribunal al entender que el proyecto abría las puertas a privatizar la línea 9 del metro, parcialmente en construcción, y que esta decisión vulneraba la legislación actual, que atribuye las competencias sobre el transporte público en exclusiva a los municipios de más de 50.000 habitantes. El Gobierno catalán defendió la conveniencia de adjudicar la explotación de la línea por concurso público.

La ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat incluía una cláusula que facultaba al Gobierno catalán para sacar a concurso público la explotación de la futura línea 9 del metro de Barcelona. Fue aprobada con los votos de CiU y del Partido Popular. De inmediato, los municipios metropolitanos anunciaron un recurso contra la norma por entender que vulneraba las competencias municipales. La ley que abolió la Corporación Metropolitana de Barcelona estableció también que el transporte público era competencia municipal en las localidades de más de 50.000 habitantes y de la Entidad Metropolitana del Transporte.

El artículo que permitía un concurso sobre la línea 9 establecía también que el ente de nueva creación Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña sería el propietario de las instalaciones y tendría derecho a cobrar un canon al operador que explotase la línea. Este canon es el que serviría de base para pagar la construcción de la línea.

El consejero de Política Territorial, Felip Puig, primero, y el propio presidente del Gobierno catalán, Jordi Pujol, más tarde, habían insistido en que no había voluntad privatizadora de la línea del metro. En su opinión, la oferta que presentara Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), que explota las líneas 1 a 5 del metro de la ciudad, sería la mejor y, por consiguiente, la que obtendría la explotación de la línea. Fuentes de la empresa se preguntaban, sin embargo, a qué se debía esa premonición del consejero que le llevaba a saber quién se presentaría e incluso el contenido de las ofertas. ¿Cómo podía garantizar que no concurriera, por ejemplo, la empresa que gestiona el metro de París y que no tuviera una oferta más adecuada al concurso?

Normativa europea

El Gobierno catalán ha defendido siempre la nueva normativa aduciendo que está inspirada en las directivas europeas que sostienen la conveniencia de concursos públicos y transparentes en los transportes públicos. Esta opinión pasa por alto que los textos de la Comisión Europea conocidos hasta ahora excluyen siempre los transportes urbanos por entender que la unidad de operación resulta mucho más beneficiosa para el usuario. Esta unidad de operación es tanto más recomendable en los casos en que hay varias líneas interconectadas. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, la unidad de operación hubiera evitado que el incendio que se produjo en la estación de Provença de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) fuera comunicado con mucho retraso a TMB, cuyas instalaciones están interconectadas con las de FGC.

Durante la tramitación parlamentaria de la ley de acompañamiento, que se aprueba siempre al mismo tiempo que los presupuestos, los municipios afectados (Barcelona, Castelldefels, Cornellà, Gavà, Santa Coloma de Gramenet, L'Hospitalet, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Just Desvern y Viladecans) anunciaron su oposición y criticaron con acritud la pretensión del Ejecutivo catalán.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, aseguró que la intención de CiU iba más allá y suponía, de hecho, excluir del concurso a TMB. El pleno municipal del mes de noviembre de 2002 aprobó una moción en la que condenaba la medida y aseguraba que supondría un encarecimiento del billete del 25%, que acabaría repercutiendo directamente en el usuario.

Jordi Portabella, de ERC, arremetió contra CiU por un anuncio que afirmaba la llegada del metro "gracias a CiU" y les pidió que añadieran que la llegada llevaba 20 años de retraso, además de asegurar que habían buscado un sistema de adjudicación que suponía que el coste de la obra recayera directamente sobre el pasajero. Portabella coincidió con el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, en que el sistema pensado para la nueva línea y consagrado por la ley de acompañamiento suponía construir un "metro de peaje".

El Gobierno catalán quitó ayer hierro a la decisión del Tribunal Constitucional asegurando que el hecho de admitir a trámite el recurso no tenía excesivo valor y posponiendo cualquier opinión sobre el hecho al momento en el que se pronunciara sobre el contenido de la ley aprobada en el Parlament.