Guantánamo, al fin

La decisión del Tribunal Supremo de EE UU de examinar el caso de los "combatientes enemigos ilegales", detenidos desde hace 22 meses en la base de Guántamo, marca un cambio y un hito: sin prejuzgar lo que dictaminará antes del próximo verano, es la primera vez que el alto tribunal se va a pronunciar sobre una medida de la "guerra contra el terrorismo" de la Administración de Bush. Los 660 detenidos de la base de Guantánamo, convertida en un vergonzante escaparate del incumplimiento del derecho internacional por parte de esa Administración, se hallaban hasta ahora en un

limbo nada agrada...

La decisión del Tribunal Supremo de EE UU de examinar el caso de los "combatientes enemigos ilegales", detenidos desde hace 22 meses en la base de Guántamo, marca un cambio y un hito: sin prejuzgar lo que dictaminará antes del próximo verano, es la primera vez que el alto tribunal se va a pronunciar sobre una medida de la "guerra contra el terrorismo" de la Administración de Bush. Los 660 detenidos de la base de Guantánamo, convertida en un vergonzante escaparate del incumplimiento del derecho internacional por parte de esa Administración, se hallaban hasta ahora en un

limbo nada agradable dadas sus malas condiciones de vida, sin juicio ni defensa legal.

Los internos de Guantánamo, detenidos en la guerra de Afganistán, son prisioneros de guerra a los que se les tendría que haber aplicado la Convención de Ginebra y sus garantías. Pero la Administración no los considera como tales, y en el colmo del cinismo señala, como algunos tribunales en EE UU, que la base que ocupan las fuerzas estadounidenses es territorio cubano, que ninguno de los presos tiene ciudadanía estadounidense y que, además, han sido capturados en campos de batalla extranjeros. El fallo del Supremo, resultado de la perseverancia de algunos abogados y grupos de defensa de los derechos humanos en nombre de dos reos británicos, dos australianos y doce kuwaitíes, servirá para aclarar si es o no aplicable la jurisdicción norteamericana.

Un sector de la sociedad de EE UU, especialmente entre los demócratas, denuncia ahora abiertamente, como hizo el propio Al Gore en su discurso del domingo, un recorte de los derechos civiles en aras de la seguridad que consideran excesivo. Veintidós meses después de su detención, los presos de 48 países retenidos en Gunatánamo difícilmente pueden representar un problema de seguridad que justifique su permanencia en un limbo enloquecedor.

Entre ellos está el español de origen ceutí Ahmed Abderramán, cuyos abogados recurrirán ahora al Supremo de EE UU. Pese a las críticas de la ministra Ana Palacio sobre lo que ocurre en Guantánamo, el Gobierno español ha actuado con excesiva tibieza a la hora de defender los derechos de este ciudadano español. Ahora que el asunto sube al Supremo, el Gobierno parece salir de su propio limbo.