El pleno del Congreso aplaza exigir la responsabilidad fiscal de las subcontratas

El pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley General Tributaria con el que el Gobierno busca mejorar las relaciones entre la Administración y el contribuyente, pero dejó postergado para su estudio en el Senado el polémico artículo que hacía a cualquier empresa contratista responsable subsidiario de los incumplimientos tributarios de sus subcontratas.

La retirada de este artículo, a iniciativa de CiU, había sido pedida desde distintas asociaciones profesionales y, en particular, por los promotores inmobiliarios agrupados en la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), cuyo...

El pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley General Tributaria con el que el Gobierno busca mejorar las relaciones entre la Administración y el contribuyente, pero dejó postergado para su estudio en el Senado el polémico artículo que hacía a cualquier empresa contratista responsable subsidiario de los incumplimientos tributarios de sus subcontratas.

La retirada de este artículo, a iniciativa de CiU, había sido pedida desde distintas asociaciones profesionales y, en particular, por los promotores inmobiliarios agrupados en la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), cuyo presidente, Guillermo Chicote, acusó ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de querer convertirles en recaudadores de impuestos.

La APCE también se opone rotundamente a la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que pretende hacer responsables subsidiarios a los empresarios de los errores de arquitectos y responsable de seguridad en las obras.

Respecto al elevado precio de la vivienda, que creció un 17,5% en los útlimos 12 meses, la APCE considera "inevitable" esa subida por la "explosiva" demanda, tanto de las familias como de los inversores, y por la falta de oferta de suelo, propiciada por los ayuntamientos.

La portavoz del PSOE en materia de vivienda, Cristina Narbona, pidió un plan de choque para evitar que sigan subiendo los pisos, y certifica el "fracaso" del Pacto por el Suelo impulsado por el Gobierno y respaldado sólo por las comunidades autónomas populares.