Los ecologistas critican la falta de medios para perseguir las agresiones ambientales
El Departamento de Medio Ambiente impuso el pasado año un total de 38 multas
Los grupos ecologistas aluden a la falta de medios para perseguir los delitos ambientales de las empresas. "Sólo se ven cuando son muy fuertes, porque los vertidos ilegales a los ríos son el pan de cada día. Muchas empresas aprovechan las lluvias torrenciales para limpiar sus tanques y no hay quien les pille", asegura un portavoz de la plataforma Ekologistak Martxan, que agrupa a gran parte de los colectivos de Euskadi.
Este ecologista añade que, para descubrir un vertido ilegal, es necesaria una "evidencia física muy clara o una actuación rápida". El problema es que no existe una polic...
Los grupos ecologistas aluden a la falta de medios para perseguir los delitos ambientales de las empresas. "Sólo se ven cuando son muy fuertes, porque los vertidos ilegales a los ríos son el pan de cada día. Muchas empresas aprovechan las lluvias torrenciales para limpiar sus tanques y no hay quien les pille", asegura un portavoz de la plataforma Ekologistak Martxan, que agrupa a gran parte de los colectivos de Euskadi.
Este ecologista añade que, para descubrir un vertido ilegal, es necesaria una "evidencia física muy clara o una actuación rápida". El problema es que no existe una policía especializada en delitos ecológicos. "La Ertzaintza realiza muchas denuncias porque lo ven en sus patrullas por la calle. Pero lo que hace es levantar un atestado y, cuando el juez llega al lugar al de cuatro días, no se pueden localizar pruebas".
La plataforma ecologista vasca echa en falta una unidad especializada con el Seprona de la Guardia Civil, "porque los ayuntamientos, que son los que pueden detectar antes estas agresiones ecológicas, tampoco tienen medios".
A su juicio, las sanciones de la Administración por los vertidos ilegales "son poquísimas", aunque reconocen el aumento de estos últimos años. "Hace cuatro o cinco años, había entre 10 y 15 [sanciones] anuales y la mitad eran multas de 50.000 pesetas a particulares por temas como tirar el aceite del coche".
Una dificultad añadida es la propia configuración política del país "con las competencias tan repartidas entre distintas administraciones", de tal manera que en un incidente ecológico pueden intervenir desde el ayuntamiento, el Gobierno vasco y la Diputación hasta el Ejecutivo central o la Autoridad Portuaria.
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