Editorial:

Incompetencia o mala fe

El domingo tuvo lugar en San Sebastián una manifestación en la que se profirieron gritos a favor de ETA y al final de la cual tres encapuchados quemaron una bandera española en un estrado en el que el diputado Arnaldo Otegi llamó perros fascistas a los policías. Lo grave no sería que esa manifestación fuera autorizada por una discutible resolución judicial, sino que, una vez producidos los hechos, quedaran impunes. La fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto una querella por los delitos de ultraje a la bandera y enaltecimiento del terrorismo contra quienes resulten responsables de esos...

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El domingo tuvo lugar en San Sebastián una manifestación en la que se profirieron gritos a favor de ETA y al final de la cual tres encapuchados quemaron una bandera española en un estrado en el que el diputado Arnaldo Otegi llamó perros fascistas a los policías. Lo grave no sería que esa manifestación fuera autorizada por una discutible resolución judicial, sino que, una vez producidos los hechos, quedaran impunes. La fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto una querella por los delitos de ultraje a la bandera y enaltecimiento del terrorismo contra quienes resulten responsables de esos hechos.

La convocatoria había sido formalmente realizada por una particular sin especial significación política, pero la pública adhesión y llamamiento a participar en ella por parte de miembros conocidos de la ilegalizada Batasuna dejaba pocas dudas sobre el verdadero origen de la iniciativa. Batasuna había recurrido a la misma estratagema otras veces. El Departamento de Interior vasco prohibió la marcha invocando un auto del juez Garzón que consideraba ilegal cualquier manifestación convocada de hecho por Batasuna. Pero la prohibición fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en respuesta a un recurso. Ayer se supo que los motivos alegados por Interior para la prohibición, entre los que no figuraba la obvia sospecha de alteración del orden público, ya habían sido considerados insuficientes por el tribunal en anteriores recursos.

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Es posible que los jueces hilaran demasiado fino al considerar que no había pruebas de la conexión entre la convocatoria por una particular y Batasuna, a la vista de los antecedentes. Sin embargo, entra en el marco de lo interpretable, y, tal como están las cosas en Euskadi, más vale no echar más leña al fuego y dar por buena la decisión judicial. Mucho más inquietante sería que se confirmase la hipótesis de que la Consejería de Interior no hiciera lo debido para evitar la revocación judicial de su prohibición. Porque sólo hay dos posibilidades: incompetencia o mala fe. Durante años en el País Vasco se ha tendido a calificar como "sin incidentes" cualquier manifestación en la que no se apedreasen escaparates, aunque en ellas se gritase "Gora ETA", se quemaran banderas o se amenazara abiertamente. Para evitar esa adaptación perversa a las expectativas de los terroristas y sus amigos, se modificó el Código Penal. Que se aplique.

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