La creciente divergencia social de Cataluña con la UE

El pasado día 9 de abril EL PAÍS de Cataluña publicó el artículo Elecciones autonómicas en Cataluña, en el que acentuaba yo la necesidad de centrar el debate político de este año en el gran déficit de gasto público social que Cataluña tiene respecto al promedio de España y de la UE. Señalaba en aquel artículo que el gasto en protección social en Cataluña era de sólo el 17,5% del PIB, comparado con el 19,9% del PIB en España y el 27,6% del PIB en la UE. El artículo originó un debate, habiendo recibido bastantes comunicaciones que expresaban sorpresa pues tales cifras (y otras que ...

El pasado día 9 de abril EL PAÍS de Cataluña publicó el artículo Elecciones autonómicas en Cataluña, en el que acentuaba yo la necesidad de centrar el debate político de este año en el gran déficit de gasto público social que Cataluña tiene respecto al promedio de España y de la UE. Señalaba en aquel artículo que el gasto en protección social en Cataluña era de sólo el 17,5% del PIB, comparado con el 19,9% del PIB en España y el 27,6% del PIB en la UE. El artículo originó un debate, habiendo recibido bastantes comunicaciones que expresaban sorpresa pues tales cifras (y otras que también presenté en el artículo) entraban en clara contradicción con la imagen tan extendida en la cultura mediática del país de que "España va bien y Cataluña va incluso mejor". Algunos de los comunicantes me preguntaban si no sería posible que el hecho de que el gasto social público (como porcentaje del PIB) era el más bajo de la UE no podría ser resultado de que el crecimiento económico del PIB ha sido más rápido en Cataluña que en España y en Europa, con lo cual nuestro déficit social no sería un déficit absoluto sino relativo, resultado de nuestro exitoso crecimiento económico. Los datos, sin embargo, no confirman tal optimismo. Veámoslos. Es cierto que Cataluña pasó de gastarse en protección social 15.713 millones de euros en 1991 a 19.188 millones en 1999, incrementando el gasto público social por lo tanto en 3.475 millones. Es más, si en lugar de valores absolutos, miramos el gasto público social por habitante, vemos también que en 1991 Cataluña se gastó 2.783 unidades de poder de compra upc (la unidad monetaria que estandariza el poder de compra de las monedas de varios países), subiendo a 3.734 upc en 1999. Este crecimiento del gasto, tanto total como por habitante, es lo que sostiene el optimismo de que la Cataluña social va bien. Ahora bien, en esta percepción complaciente de nuestras realidades se olvidan algunos datos fundamentales. Uno de ellos es que, si bien es cierto que nuestro gasto social va creciendo, el gasto social de la mayoría de países de la UE (que ya tenían un gasto social público mucho mayor que Cataluña a principios de la década de 1990) ha ido creciendo mucho más rápidamente que el nuestro, con lo cual el déficit social que teníamos con el promedio de la UE ha ido aumentando en lugar de disminuyendo. Así, mientras que el déficit de gasto social entre Cataluña y el promedio de la UE era de 1.243 upc en 1991, en 1999 tal déficit había aumentado a 2.060 upc, es decir, había crecido nada menos que un 65%. Y este déficit aparece en todos los componentes de la protección social de Cataluña, lo que significa que nuestras pensiones y ayudas a las familias, así como nuestra sanidad, nuestros servicios domiciliarios y sociales, nuestras viviendas sociales, nuestras residencias de ancianos y otros servicios, son cada vez más deficitarias respecto al promedio de la UE.

La otra consecuencia de que nuestro crecimiento del gasto público social sea menor que en el promedio de la UE es que Cataluña continúa siendo el país con menor gasto público social (como porcentaje del PIB) en la UE después de Irlanda. Algún lector se preguntará por qué, si estamos creciendo económicamente más rápidamente que el promedio de la UE, nuestro déficit social con la UE está aumentando. La respuesta es que el gobierno conservador español, con la aprobación del partido gobernante en la Generalitat de Cataluña, ha utilizado el incremento de los ingresos públicos al Estado español (resultado de un mayor crecimiento económico y de un aumento de los impuestos sobre todo indirectos) para reducir el déficit presupuestario del Estado español, lo cual se ha conseguido a costa de incrementar el ya notable déficit social que España y Cataluña tienen con la UE.

El silencio sobre estos temas en el debate político y mediático es ensordecedor. Tal silencio es resultado de las peculiaridades de nuestro Estado de bienestar y de la distribución de poder (sobre todo de clase social y de género) en Cataluña. El Estado de bienestar catalán está claramente polarizado, pareciéndose más a los sistemas de protección social de América Latina que a los de la UE. Si analizamos la sanidad y la educación, por ejemplo, vemos que, por lo general, en los centros urbanos (donde vive el 80% de catalanes), la burguesía, la pequeña burguesía y las clases medias de renta alta y media alta utilizan la sanidad privada y las escuelas privadas (concertadas y no concertadas), mientras que las clases medias de renta media baja y la clase trabajadora utilizan los servicios públicos. Las clases más pudientes (que representan el 35% de la población catalana y que tienen una enorme influencia mediática y política) utilizan los servicios privados y creen erróneamente que el deterioro de lo público no les afecta. No hay una impermeabilidad entre lo público y lo privado, sin embargo. Hay una relación clara entre la calidad de lo público y de lo privado tanto en sanidad como en educación. Es más, mientras la sanidad privada, por ejemplo, puede ser en algunos aspectos mejor que la pública (como en su capacidad de elección, confort y trato personal), la calidad del personal y equipamiento es, sin embargo, mucho mayor en la pública. He conocido a burgueses y pequeños burgueses en Cataluña que estarían vivos si hubieran ido a la sanidad pública (y se sorprenderían de los nombres si se los dijera). La falta de solidaridad y cohesión social no es buena ni para las clases más acomodadas ni para las más modestas. Lo que hace falta son unos servicios públicos en los que tanto las clases de renta media y alta como las clases populares se encuentren cómodas. Pero para ello se necesita un gasto público mucho mayor. Y ahí está el nudo de la cuestión. Aumentar el gasto público quiere decir redistribuir poder de clase y género (la mujer catalana es la que sufre las grandes deficiencias del Estado de bienestar catalán, con la gran insuficiencia de escuelas de infancia y servicios domiciliarios) y ahí es en donde se basa el silencio ensordecedor. La estructura de poder no quiere ni oír hablar de redistribución de poder y de recursos, que les afectaría directamente.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra.