Interior protege desde hoy a los autobuses que no estén en huelga
Los sindicatos lo tachan de "esquirolaje" al paro que cumple 30 días
El Departamento de Interior anunció ayer que establecerá un plan de seguridad para los autobuses privados a partir de hoy, con motivo de la salida vacacional de Semana Santa. El dispositivo, que se prolongará mañana y el próximo lunes, se aplicará para los autocares "que no se encuentran en la huelga" del sector en Vizcaya, que cumple ya 30 días ininterrumpidos. Interior, que ha comentado el plan con las agencias de viajes, protegerá a los autobuses que salgan fuera de Vizcaya.
Los sindicatos tacharon ayer esta iniciativa de "esquirolaje a la huelga" y anunciaron denuncias judiciales a...
El Departamento de Interior anunció ayer que establecerá un plan de seguridad para los autobuses privados a partir de hoy, con motivo de la salida vacacional de Semana Santa. El dispositivo, que se prolongará mañana y el próximo lunes, se aplicará para los autocares "que no se encuentran en la huelga" del sector en Vizcaya, que cumple ya 30 días ininterrumpidos. Interior, que ha comentado el plan con las agencias de viajes, protegerá a los autobuses que salgan fuera de Vizcaya.
Los sindicatos tacharon ayer esta iniciativa de "esquirolaje a la huelga" y anunciaron denuncias judiciales ante una "medida inconstitucional".
Representantes de la patronal mantuvieron el sábado una reunión con responsables de Interior ante las agresiones a autobuses, que los empresarios cifran en más de 200 desde el inicio de la huelga el pasado 18 de marzo. En ella les informaron de cuatro zonas concretas donde se han sucedido los ataques (el peaje de Llodio, Arrigorriaga, cerca de la estación Termibus en Bilbao y en la A-68 entre Altube y Subijana) para que establecieran una vigilancia especial en estas zonas.
Interior, que también se ha reunido con asociaciones universitarias y ciudadanos particulares, señaló que pretende que la huelga no "incida en otros ámbitos territoriales no sujetos a la misma". Las empresas han censurado la gran cantidad de ataques en Álava. El plan contempla la salida de los autobuses de zonas diferentes a las habituales y la variación de los horarios en tramos "que permitan una mayor presencia de recursos policiales".La consejería de Interior aseguró ayer que el dispositivo fue experimentado el pasado vienres y se aplicará tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa y en Álava. El objetivo es evitar actuaciones de los llamados piquetes informativos, minimizar el riesgo de agresiones y evitar y esclarecer los incidentes. Ayer ya se pudo apreciar en la estación central de autobuses de Bilbao, Termibus, donde se suelen concentran los trabajadores en huelga, una mayor presencia policial. "Esto parece un búnker, entre los ertzainas de uniforme y los que están de paisano", señaló un portavoz sindical.
La Ertzaintza practicó la pasada semana seis detenciones por presunta participación en ataques a autocares, además de identificar a "numerosas personas para los efectos oportunos". Interior aseguró que el dispositivo implantado "ha servido ya para evitar multitud de incidentes gracias a las medidas disuasorias de prevención". Hasta ahora los empresarios se habían quejado de la falta de protección. El miércoles pasado, tras una reunión, aseguraron en un comunicado que la actuación de Interior ante las agresiones "no es entendible".
Los ataques se han reducido considerablemente desde el viernes, cuando se estableció de forma experimental el dispositivo, aunque en la noche del domingo se produjo uno de los más graves: desconocidos causaron destrozos a 10 de los 14 autobuses de un empresario que participa en la mesa de negociación con los sindicatos. En la jornada de ayer, según confirmaron fuentes patronales, no se produjo ninguna agresión.
Las negociaciones, tras los fracasos en las dos reuniones de la pasada semana, siguen estancadas. Pero el consejero de Empleo, Joseba Azkarraga, anunció ayer que después de la Semana Santa llamará a las partes a un nuevo encuentro, que espera resulte definitivo para cerrar un acuerdo, informa Isabel C. Martínez.
Azkarraga reiteró que, "a día de hoy", el Gobierno sigue sin plantearse intervenir con un laudo de cumplimiento obligatorio, máxime después de haber constatado que las posturas no son "irreconciliables", tal y como a su juicio demostró el preacuerdo alcanzado el viernes pasado entre los representantes de la patronal y de los sindicatos y que fue rechazado al día siguiente por la asamblea de trabajadores. Reconoció que no se dan las condiciones para convocar una reunión antes de Semana Santa y dijo encontrar necesario dejar pasar una semana más, pese a lo conflictivo de las fechas: "Creemos que el tiempo puede madurar las posiciones de las partes". Si en esa reunión de la semana próxima no hay acuerdo, "habrá que replantearse nuestra propia actuación", señaló. Azkarraga rechazó que el Ejecutivo haya estado "ausente" del conflicto y dijo que está teniendo una intervención "activa" en términos de intermediación.
A la espera
Tanto patronal como sindicatos indicaron a últimas horas de la tarde de ayer que no habían recibido ninguna comunicación para un nuevo encuentro. El portavoz empresarial, Jesús Orbea, consideró "positivo" un nuevo encuentro "con un mediador", pero afirmó que la patronal "no puede añadir nada más económicamente". "Se puede cambiar el decorado sobre el preacuerdo del viernes, pero sin ninguna peseta más". Pedro Angulo, del sindicato UGT, afirmó que acudirán "con espíritu de negociar". pero se mostró pesimista sobre un acuerdo. Angulo aconsejó a los usuarios que, "por solidaridad con los trabajadores", no utilicen los autobuses que pretenden salir de fuera de Vizcaya. "Esos autobuses tenían que haber salido de aquí, y eso se llama esquirolaje".
Los damnificados empiezan a adoptar medidas y las asociaciones de universitarios de Álava y Guipúzcoa -un colectivo de 3.000 estudiantes que ha tenido que suspender el transporte al campus vizcaíno- pidieron ayer a la Diputación de Vizcaya que fije unos servicios mínimos y una indemnización por los daños y perjuicios. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exigió ayer la regulación del derecho de huelga en sectores como éste que evite "la situación de rehenes" de los consumidores.
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