La edad para cobrar el 'salario social' se reduce de 25 a 23 años

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de ayer un anteproyecto de ley que reduce de 25 a 23 años la edad mínima para que un ciudadano pueda percibir la renta básica, también conocida como salario social.

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, señaló que esta rebaja, que ahora deberá aprobar el Parlamento, supone un "avance relevante" por su repercusión en "un número importante" de personas -que no cuantificó- que desean independizarse y no pueden hacerlo por falta de medios económicos. Este nuevo límite en la edad se acerca más, en opinión de Azkarraga, a las aspiracion...

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de ayer un anteproyecto de ley que reduce de 25 a 23 años la edad mínima para que un ciudadano pueda percibir la renta básica, también conocida como salario social.

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, señaló que esta rebaja, que ahora deberá aprobar el Parlamento, supone un "avance relevante" por su repercusión en "un número importante" de personas -que no cuantificó- que desean independizarse y no pueden hacerlo por falta de medios económicos. Este nuevo límite en la edad se acerca más, en opinión de Azkarraga, a las aspiraciones de la juventud. El Parlamento llegó a aprobar la pasada legislatura la toma en consideración de una proposición socialista para rebajar dicha edad hasta los 18 años, pero la disolución de la Cámara por la convocatoria de elecciones anticipadas hizo decaer la iniciativa.

La renta básica asciende actualmente a 407,56 euros mensuales netos (estas cantidades no tienen cargas fiscales) para las personas que encabezan un hogar. La cifra va aumentando en función del número de integrantes del núcleo familiar hasta un máximo de 644,88 euros al mes. La mitad de sus casi 16.000 beneficiarios lo complementan con otro salario procedente de un trabajo.

Conflicto de tráfico

Por otra parte, el Gobierno ahondó ayer un poco más el conflicto que mantiene con las diputaciones por la gestión de las medidas de seguridad en las carreteras. El portavoz del Ejecutivo, Josu Jon Imaz, anunció la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la Diputación alavesa por utilizar infraestructuras de titularidad gubernamental sin contar con su autorización. Estas infraestucturas son los tubos para fibra óptica que permiten el funcionamiento de las cámaras de televisión instaladas en la N-622, entre Vitoria y Altube.

El conflicto, que se arrastra desde el verano de 2001, llegará hasta la vía judicial porque la Diputación alavesa no ha tenido en cuenta el requerimiento realizado en su momento por el Gobierno, que fue refrendado por la Comisión Arbitral el pasado 26 de diciembre, según mantiene el Gabinete. El Ejecutivo mantiene abiertos conflictos parecidos con las otras dos diputaciones.

El Consejo también adoptó en su reunión los siguientes acuerdos:

- Ayudas a presos del franquismo. Se amplía en un mes el plazo para presentar las instancias solicitando compensaciones económicas para las personas que fueron encarceladas por el régimen franquista. El nuevo plazo queda fijado en el 28 de febrero.

- Nuevo monumento. El Consejo declaró monumento con la categoría de Bien Cultural Calificado al viaducto ferroviario de Ormaiztegi.