Osakidetza culpa a los sindicatos de la suspensión de sus elecciones

Osakidetza responsabilizó ayer a las centrales sindicales de la suspensión de las elecciones que debían celebrarse esta semana en respuesta a las declaraciones de una parte de sindicatos culpando al consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, de que el proceso haya quedado pediente. La realización de estos comicios quedó suspendida de manera cautelar el pasado viernes hasta que un juez dicte sentencia sobre el fondo del recurso interpuesto por el Sindicato Médico de Euskadi contra las elecciones.

Según Osakidetza, el bloqueo se debe a la falta de acuerdo entre los sindicatos que han creado u...

Osakidetza responsabilizó ayer a las centrales sindicales de la suspensión de las elecciones que debían celebrarse esta semana en respuesta a las declaraciones de una parte de sindicatos culpando al consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, de que el proceso haya quedado pediente. La realización de estos comicios quedó suspendida de manera cautelar el pasado viernes hasta que un juez dicte sentencia sobre el fondo del recurso interpuesto por el Sindicato Médico de Euskadi contra las elecciones.

Según Osakidetza, el bloqueo se debe a la falta de acuerdo entre los sindicatos que han creado una "situación ingobernable" y han conducido el proceso electoral a la judicialización. Ahora, tendrá que ser la resolución judicial la que determine de qué forma se deberán celebrar las elecciones.

El conflicto ha surgido, según Osakidetza, por la pretensión de siete de los diez sindicatos con representación en la mesa de negociación de sanidad de aumentar el número de delegados sindicales en juego. La Ley de Ordenación Sanitaria, aprobada en 1998, fijó el número de delegados en 307, lo que supuso una subida de 58 respecto a los que había antes. Pero estos siete sindicatos querían una nueva ampliación para los comicios de 2002 "sin justificación, porque las circunstancias no han cambiado con respecto a 1998", recuerda Osakidetza.

El desacuerdo entre las propias centrales sobre la ampliación de delegados ha terminado con una serie de recursos judiciales entre ellos mismos, aumentando así la confusión. Esto ha conducido a la justicia ha decretar la suspensión del proceso electoral más importante de la función pública, al afectar a cerca de 24.000 trabajadores.