Viaje al Tucumán del hambre

Rodolfo Ruiz, un argentino de nueve meses, acaba de morir por desnutrición severa de grado tres en el hospital del Niño Jesús de Tucumán, el único en 200 kilómetros a la redonda. Los médicos consiguieron un cajoncito de madera, entregaron el cuerpo inerte a sus padres, también desnutridos, y su cama la ocupó de inmediato otro niño. Rodolfo vivía en la periferia de la ciudad, a cinco kilómetros de la Casa de Gobierno, en una casita de hojalata, cartón y tablas levantada junto al basurero conocido como Los Vázquez. Es el último de los 359 niños muertos de hambre este año en esta provincia argent...

Rodolfo Ruiz, un argentino de nueve meses, acaba de morir por desnutrición severa de grado tres en el hospital del Niño Jesús de Tucumán, el único en 200 kilómetros a la redonda. Los médicos consiguieron un cajoncito de madera, entregaron el cuerpo inerte a sus padres, también desnutridos, y su cama la ocupó de inmediato otro niño. Rodolfo vivía en la periferia de la ciudad, a cinco kilómetros de la Casa de Gobierno, en una casita de hojalata, cartón y tablas levantada junto al basurero conocido como Los Vázquez. Es el último de los 359 niños muertos de hambre este año en esta provincia argentina.

Al sur de la capital de la provincia de Tucumán, Daniel Fajardi, dos años, seis kilos, tiene ya, a simple vista, todos los síntomas del mismo mal: pierde lentamente el color del pelo, el edema le hincha la panza, los ojos se le hunden por detrás de los huesos, no ríe, no llora, apenas se mueve. Permanece tendido allí, en el suelo de una casita, a cargo de su hermana algo mayor, convive con otros diez hermanos, nada que hacer, nada que esperar, nada que comer. En Arcadia, su pueblo, hay otros 67 niños en el mismo estado. Y en los pueblos vecinos y en toda la provincia. Desde comienzos de año, 359 niños han muerto en Tucumán -diez en la última semana- a causa de patologías vinculadas con la desnutrición.

A falta de camas, los niños esperan sin reír ni llorar, en silencio, en sillones con sus madres

El pasado martes por la noche la doctora Delicia Medina llevaba ya doce horas de guardia y había atendido a 340 pacientes en el hospital. Cada día se realizan unas 800 consultas, la mayoría con síntomas de las llamadas "enfermedades sociales". Es decir: hambre, contaminación, ignorancia, sida, parásitos, infecciones por falta de prevención y de vacunas. El ingreso por desnutrición en 2001 era del 8%, este año supera ya el 18%. Las 207 camas no alcanzan, a veces se ocupan de a dos y los niños que pueden resistirlo pasan la noche en sillones juntos a sus madres. El sistema es de "cama caliente", sale uno, muerto o vivo, y entra otro.

La doctora Medina, especializada en pediatría, recibe a cambio de su tarea un salario estimado en unos 150 euros al mes, que cobra en Bocade (Bonos de Cancelación de Deudas) emitidos sin respaldo por el Gobierno provincial, un papel pintado sobre el que le descuentan el 15% de su valor cuando necesita cambiarlo por pesos para cancelar deudas o contratar servicios.

Liliana Mabel Guerrero está sentada, apretada, entre otras madres con hijos en un banco del pasillo donde todas esperan ser atendidas. Llevará horas allí, con su bebé, morena, en pañales que respira con dificultad entre sus brazos. Mabel tiene 15 años, es la mayor de nueve hermanos, el menor de un año y medio. Marcia Luján, su primera hija, tiene sólo dos meses. Se las ve muy delgadas a las dos, la madre lleva el pelo descolorido, como cortado a cuchillo, y espera allí, inmóvil, desde la mañana. No ha comido nada en todo el día. Con voz muy queda, contó a EL PAÍS: "Llegué temprano, me vine caminando desde Villa Alem porque al bebé le faltaba el aire y me asusté. Hoy no fui al comedor donde van mis hermanos. Comemos una vez al día y a la noche tomamos mate cocido. Mi madre cobra una pensión de 150 y mi padrastro hacía changas , pero ya no consigue nada. No me han atendido todavía porque había mucha gente".

Un enorme ventilador sopla en el extremo del pasillo y remueve el caldo espeso del ambiente. Las madres sentadas en los bancos se recuestan conta la pared, la mayoría soporta la espera de pie. Nadie se queja, sólo un par de niños lloran, como si ya estuvieran agonizando, Es un sonido que se escucha como un "mamá", incesante, infinito. En la calle hace más de 30 grados y la humedad agobia. Es de madrugada y ya hay niños deambulando, personas echadas que semejan bultos en los umbrales.

Cinco ONG de Tucumán acusaron al gobernador peronista, Julio Miranda, de "abandono criminal" y pidieron al Parlamento que inicie un juicio político contra él por "delito de lesa humanidad". Miranda, denunciado también por enriquecimiento ilícito, anticipó que no renunciará a su cargo. Según el gobernador, "los planes asistenciales son insuficientes debido al crecimiento poblacional y a la secuela de la crisis económica".

Miranda controla la legislatura y tiene mayoría, con ocho diputados sobre cuatro de la oposición, en la comisión de Juicio Político. Su influencia alcanza también a los cinco miembros del Supremo provincial. Todas las demandas en su contra serán rechazadas o irán al archivo. Esteban Jerez, el fiscal "anticorrupción", como le llaman los tucumanos, denunció a dos legisladores peronistas por apropiarse de cerca de cinco millones de euros que envió el Gobierno central entre 1995 y 1999, destinados a demandas sociales. Jerez también procesó al ex director de la Secretaría de Desarrollo Humano, Juan Carlos Ledesma Posse, detenido el pasado lunes tras permanecer prófugo tres meses, acusado de desviar 800.000 euros del Programa Social Comunitario destinado a eliminar las letrinas y las "casas-rancho" del gran Tucumán, para su propio beneficio. Pero aun así, el fiscal, que resiste a las presiones y amenazas con un gran apoyo popular, no cree que se dicten condenas. Decía ayer a EL PAÍS: "La corrupción es devastadora, hay denuncias y pruebas, varios funcionarios y ex funcionarios deberían ir presos, pero desde el punto de vista de la voluntad política de la justicia en Tucumán, dudo mucho de que haya condenas firmes y que se cumplan en prisión. El 98% de la población carcelaria de la provincia es analfabeta o no ha completado su instrucción primaria, esto quiere decir que los ladrones de guante blanco no van a la cárcel".