El jefe del cartel de Cali sale de prisión pese a la presión de Uribe
El presidente prorroga el estado de excepción durante 90 días
El Gobierno de Álvaro Uribe trató por todos los medios legales de evitar la puesta en libertad de Gilberto Rodríguez Orejuela, pero no lo logró. Poco después de las diez de la noche del jueves, hora local, el que fuera considerado el narcotraficante colombiano más importante del mundo caminó los 200 metros que lo separaban de la puerta del penal a un coche blindado donde esperaban sus guardaespaldas.
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El Gobierno de Álvaro Uribe trató por todos los medios legales de evitar la puesta en libertad de Gilberto Rodríguez Orejuela, pero no lo logró. Poco después de las diez de la noche del jueves, hora local, el que fuera considerado el narcotraficante colombiano más importante del mundo caminó los 200 metros que lo separaban de la puerta del penal a un coche blindado donde esperaban sus guardaespaldas.
Un fiscal general con sombras
'Colombia no puede alegar de forma creíble que avanza en la protección de los derechos humanos, si el fiscal general no está haciendo su trabajo', asegura José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas, al presentar ayer un informe sobre la gestión de esta entidad. El informe de 14 páginas es una dura crítica de la gestión de Luis Camilo Osorio, que asumió el cargo en julio de 2001. Vivanco aseguró que el informe no es contra Osorio, pero insistió en que el fiscal 'socavó severamente' la capacidad de su oficina para investigar a militares y paramilitares acusados de violar derechos humanos. La organización internacional cita varios casos que involucran a militares, entre ellos el del general Rito Alejo del Río y el del general Rodrigo Quiñónez, implicado en la muerte de 40 campesinos en Chengue, Sucre. El primero está libre; el proceso del segundo se encuentra estancado. En los l5 meses de Osorio en la fiscalía, al menos nueve fiscales e investigadores han sido destituidos y cinco han sido asesinados. Además, dice el informe, los funcionarios condenados a muerte por los paramilitares, no han recibido protección. El informe pide al presidente Álvaro Uribe -quien 'heredó el problema', como aseguró Vivanco- medidas urgentes para solucionar el problema y sugiere que Estados Unidos debería suspender la asistencia a la fiscalía. 'Se concedió para fortalecer las investigaciones. En ausencia de voluntad política para llevarlas adelante, será imposible que el desempeño de la institución mejore con dinero, entrenamiento o equipo'.Asegura también que Estados Unidos debe instar al presidente Uribe a suspender a los oficiales 'acusados creíblemente' de haber cometido violaciones de derechos humanos.