Bruselas exigirá a todos los países de la UE habilitar cementerios nucleares antes de 2018
La Comisión Europea propone como mejor solución depositar los residuos en profundidad
Los quince países de la Unión Europea generan cada año 40.000 metros cúbicos de residuos nucleares y sólo Finlandia y Suecia cuentan con proyectos serios para enterrar en profundidad los de alta actividad. La Comisión Europea, persuadida de que la seguridad nuclear no puede continuar sólo en manos de los Estados, va a aprobar mañana dos propuestas de directiva para homologar y mejorar los niveles de seguridad de todas las instalaciones nucleares e imponer plazos para la construcción de cementerios definitivos para los residuos más peligrosos, que deberán estar operativos antes de 2018.
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Los quince países de la Unión Europea generan cada año 40.000 metros cúbicos de residuos nucleares y sólo Finlandia y Suecia cuentan con proyectos serios para enterrar en profundidad los de alta actividad. La Comisión Europea, persuadida de que la seguridad nuclear no puede continuar sólo en manos de los Estados, va a aprobar mañana dos propuestas de directiva para homologar y mejorar los niveles de seguridad de todas las instalaciones nucleares e imponer plazos para la construcción de cementerios definitivos para los residuos más peligrosos, que deberán estar operativos antes de 2018.
La propuesta concreta de la Comisión Europea es la de establecer 'un calendario de programas de residuos radiactivos en general y de almacenamiento en profundidad de los residuos de alta actividad en particular', según el documento preparado por los servicios de Transporte y Energía que dirige Loyola de Palacio, que señala: 'Ellos deberán tomar decisiones sobre la elección del lugar (nacional o regional), a más tardar en 2008 para los residuos de alta actividad, y que el lugar esté operativo a más tardar en 2018. Para los residuos de intensidad débil y vida corta, el almacenamiento debe realizarse a más tardar en 2013'.
Para los expertos nucleares de Bruselas, encontrar una solución a los residuos nucleares de alta actividad es una cuestión urgente. 'Sólo representan el 5% del volumen total de los residuos atómicos, pero concentran el 95% de la radiactividad', dice el documento de la Comisión. 'Cualquiera que sea el porvenir de la energía nuclear, cualquiera que sean sus usos, energéticos o médicos, los residuos nucleares reclaman soluciones radicales'... 'Es una carga inaceptable para las generaciones futuras', dice Bruselas, al subrayar que, además, es un punto vulnerable desde el punto de vista antiterrorista.
'Determinar una fecha dentro de este contexto', explicaba ayer un experto, 'es un asunto fundamental'. 'Lo importante es que los países tomen una decisión cuanto antes, lo que no impide que tal decisión prevea enterrar los residuos lejos de sus fronteras', explicaron ayer en el departamento de De Palacio. Sobre la experiencia acumulada hasta ahora, según Bruselas, 'es posible afirmar que el sistema de almacenamiento en profundidad es hoy la opción más factible y fiable'.
Problema técnico
El problema es que en la UE actual integrada por 15 países, sólo dos (Finlandia y Suecia) han optado ya por este sistema y tienen planes serios para enterrar sus residuos de alta actividad, a pesar de lo cual, según la Comisión, los cementerios nucleares elegidos no podrán ser una realidad antes de 2015-2020.
El problema es técnico, no económico, pues Bruselas también señala que los costes del almacenamiento 'representan un porcentaje reducido del coste total del kilowatio/hora'.
La puesta en marcha de la directiva sobre seguridad nuclear no obligaría en principio a elevar el nivel ya existente en la actual UE, pues la referencia es la establecida por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Sin embargo, su aprobación será crucial, pues a partir de ese momento los países miembros de la UE (que serán ya 25 dentro de dos años) estarán obligados a garantizar fondos financieros externos de desmantelamiento con informes trienales sobre los mismos y, además, se controlarán desde Bruselas los sistemas de control nacionales.
Para la Comisión Europea es fundamental, en términos generales, que los niveles de seguridad y los controles estén homologados y que, a su vez, Bruselas disponga de una base jurídica -las dos directivas-, a través de la cual imponer multas a los países que incumplan unas normas que evolucionarán y se irán adaptando a los nuevos estándares de seguridad. Se propone que dicho marco jurídico esté listo para enero de 2004, justamente la fecha prevista para la ampliación.
La directiva marco de seguridad nuclear que se propone, y sobre la cual son los gobiernos y el Parlamento Europeo los que dirán la última palabra, tendrá en cuenta no sólo las centrales electronucleares, sino todas las instalaciones nucleares.
En ocasiones, como ha señalado Bruselas en las negociaciones de ampliación de la UE, es más peligroso el manejo de elementos nucleares, por ejemplo en los hospitales, que en las centrales, ya que aquellos apenas si están sometidos a control alguno.
La Comisión Europea considera imprescindible también llegar a un acuerdo con Rusia sobre el comercio de materiales nucleares, algo muy habitual sobre todo entre aquel país y los próximos miembros de la UE. Finalmente, Bruselas cree que el impacto de las normas propuestas será mínimo en España, ya que su modelo está en línea con los proyectos de directivas.
Desmantelamiento masivo, caro y arriesgado
La ampliación de la UE, a la que en dos años se sumarán diez países (Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta) ha sido el detonante para que Bruselas proponga con cierta urgencia unas normas legales que garanticen la seguridad nuclear en todo su territorio. De los 26 reactores que poseen en total varios de los países candidatos (entre ellos los de Rumania y Bulgaria, que llegarán a la UE en 2007), Bruselas ha logrado acordar el desmantelamiento anticipado de ocho de ellos antes de 2010 a un coste en parte financiado con fondos europeos de preadhesión y fondos futuros. Dos de ellos, los de la central lituana de Ignalina, son del mismo diseño que la central de Chernóbil, donde en 1986 se originó el peor accidente nuclear de la historia.
Pero en el plazo de veinte años otros países de la Unión Europea, como Suecia, Bélgica o Alemania, van a acometer también el cierre masivo de centrales nucleares que, como en los países del Este, requiere sistemas que garanticen un desmantelamiento seguro, lo que sólo se puede acometer con estándares precisos y con muchos millones de euros. Se calcula que el desmantelamiento de un reactor nuclear cuesta aproximadamente el 15% de la inversión necesaria de cada reactor, lo que equivale a una suma de entre 200 y 1.000 millones de euros por cada uno de ellos.
Por esta razón, la Comisión Europea cree imprescindible que se garantice la existencia de recursos financieros a largo plazo, sobre un horizonte de una década. La novedad está en que la directiva exigirá que se constituyan 'fondos externos de desmantelamiento' ajenos a los que exploten la central nuclear bajo una fórmula jurídica de separación de la propiedad. 'Es la mejor opción para lograr el objetivo de desmantelar las instalaciones con todas las condiciones de seguridad requeridas'.
La directiva que mañana propondrá la Comisión Europea prevé que haya informes trienales sobre estos fondos externos, previamente a lo cual señala la necesidad de armonizar los métodos de estimación de los costes futuros de los cierres nucleares.
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