Francia congela las privatizaciones y da prioridad a la reducción del gasto social

A la vista de las incertidumbres que pesan sobre el mercado, el Gobierno francés ha preferido aplazar sus proyectos de privatización de empresas públicas y aguardar entre seis meses y un año para considerarlo de nuevo, según explicaron ayer personas que siguen muy de cerca esos procesos. Las reducciones de capital público esperadas en Air France o Renault y el comienzo de la privatización de Éléctricité de France (EDF) o Gaz de France (GDF) necesitan más tiempo de maduración. El Gabinete de Raffarin se ha comprometido también a reformar las pensiones en 2003.

'No se puede malvender el p...

A la vista de las incertidumbres que pesan sobre el mercado, el Gobierno francés ha preferido aplazar sus proyectos de privatización de empresas públicas y aguardar entre seis meses y un año para considerarlo de nuevo, según explicaron ayer personas que siguen muy de cerca esos procesos. Las reducciones de capital público esperadas en Air France o Renault y el comienzo de la privatización de Éléctricité de France (EDF) o Gaz de France (GDF) necesitan más tiempo de maduración. El Gabinete de Raffarin se ha comprometido también a reformar las pensiones en 2003.

'No se puede malvender el patrimonio de los franceses', argumentaron ayer personas que siguen muy de cerca esos procesos. 'Ningún Estado vende hoy nada en el mercado: no es que no queramos, es que no podemos'. La acción de Air France, por ejemplo, ha perdido el 36% de su valor desde principios de año; reducir el capital público desde el 54,4% a menos del 20% sería injustificable en ese contexto.

En rigor, no puede hablarse de 'aplazamiento', porque ni el Ejecutivo ni la presidencia de Air France habían comprometido una fecha precisa para la operación. Pero el Ministerio de Economía había mostrado su voluntad de reducir el capital público incluso por debajo del 20%. La venta de participaciones en Air France debería aportar al Estado parte de los 8.000 millones de euros que se estimaba posible recaudar por privatizaciones el año próximo y, sin que se haya anunciado la renuncia al proyecto, ahora no es prioridad.

Las razones de fondo que mueven al Gobierno no responden sólo a la mala coyuntura bursátil. En diciembre se celebrarán las elecciones a tribunales arbitrales de lo social, en los que participan representantes de organizaciones patronales y sindicales. Esas elecciones se consideran la medida de la representatividad de cada central y de ellas depende la subvención estatal que recibe cada central.

El Gobierno conservador de Jean-Pierre Raffarin no se comporta como el de Margaret Thatcher, que fue a la guerra con los sindicatos desde un principio; ni siquiera como el de Alain Juppé, el jefe del Gobierno de derechas que perdió las elecciones legislativas en 1997 tras una marea de protestas. El presidente, Jacques Chirac, no quiere dar pretextos a un levantamiento sindical. Por eso, las pruebas realizadas son de objetivos limitados: ni la revisión de la jornada de 35 horas semanales, ni el anuncio de que se va a suprimir la cláusula que impide los despidos colectivos han suscitado grandes protestas.

Ayuda a France Télécom

Lejos de reducir su compromiso con las empresas, el Gobierno de Raffarin refuerza su tutela sobre ellas. El Ejecutivo prepara ahora una inyección de 8.000 millones de euros en France Télécom, con la finalidad de auxiliar al muy endeudado operador de telecomunicaciones, sin reducir su control (55% del capital). El dinero que el Gobierno debe aportar a France Télécom equivale a la previsión de recaudación que se había hecho por privatizaciones el año próximo. Por supuesto, la propia privatización de France Télécom está completamente excluida a corto y medio plazo.

Mientras las privatizaciones entran en compás de espera, el Gobierno trabaja sobre el problema mayor de la reforma de las pensiones. Se da por seguro un retraso de la edad de la jubilación -los funcionarios puede retirarse a partir de los 58 años; los trabajadores del sector privado, desde los 60- y la reducción de la pensión, en un porcentaje hoy por hoy desconocido.

Raffarin está dispuesto a comprometer la responsabilidad política de su Gobierno en la aprobación de la reforma de las pensiones. Hay fecha: junio de 2003. Esto significa que el Gabinete conservador, un año después de su llegada al poder, dependerá de una reforma completamente impopular. A priori no hay mucho riesgo en cuanto al compromiso parlamentario, dado que la Unión por la Mayoría Presidencial (UMP) dispone de mayoría absoluta. El Gobierno filtra cifras -el fondo de reserva de pensiones se alimenta más despacio de lo necesario para alcanzar los 152.000 millones de euros que el Ejecutivo de izquierdas había anunciado de cara a 2020- y multiplica sus mensajes en el sentido de aunar esfuerzos para la dolorosa cirugía que se avecina. François Fillon, ministro de Empleo, habla de 'abordar la reforma sin dogmatismos' y de 'tratar de obtener un consenso tan amplio como sea posible'. Todos tratan de anticiparse a la imagen de las calles ocupadas por oleadas de manifestantes.