Imperio sin ley

La Administración de Bush se ha vuelto a desmarcar de un avance significativo en el derecho internacional al quedarse al margen del nuevo Protocolo al Convenio Internacional contra la Tortura, que permite inspecciones internacionales de las cárceles nacionales. La sombra de los presos 'combatientes ilegales' de la guerra de Afganistán en Guantánamo ha pesado sobre esta decisión, que llega después de oponerse a la Corte Penal Internacional y a otros acuerdos internacionales. Es una muestra más de que el imperio no quiere leyes internacionales que le aten las manos, aunque la excusa oficial haya...

La Administración de Bush se ha vuelto a desmarcar de un avance significativo en el derecho internacional al quedarse al margen del nuevo Protocolo al Convenio Internacional contra la Tortura, que permite inspecciones internacionales de las cárceles nacionales. La sombra de los presos 'combatientes ilegales' de la guerra de Afganistán en Guantánamo ha pesado sobre esta decisión, que llega después de oponerse a la Corte Penal Internacional y a otros acuerdos internacionales. Es una muestra más de que el imperio no quiere leyes internacionales que le aten las manos, aunque la excusa oficial haya sido que contravendría la autonomía penitenciaria de sus Estados federados.

Estados Unidos, junto a otros 129 países, ha ratificado este Convenio, que en entró en vigor en 1987, saludado a la sazón por Washington como un avance en la defensa de los derechos humanos. El Comité Económico y Social de la ONU y los esfuerzos de Washington para detener el protocolo han sido derrotados. EE UU no estaba solo, le acompañaban China, Cuba, Sudán, Egipto, Libia, Pakistán o Rusia; pero tenía enfrente a Europa y América Latina, lo que ahonda la separación con estas regiones. El Protocolo pasará ahora a la Asamblea General de los 190 Estados miembros de la ONU, y para su entrada en vigor basta que lo apruebe la mayoría y lo ratifiquen 20. El nuevo régimen de derecho internacional se está construyendo al margen de la primera potencia del mundo, y también de China, la nación más poblada.

Este nuevo gesto inamistoso de la Administración de Bush hacia el sistema de la ONU llega después de cancelar, por presiones de la derecha cristiana, 34 millones de dólares destinados al Fondo de Población de la ONU, al aducir que estas ayudas se utilizan para abortos y esterilizaciones en China y otros países. La protesta de Pekín no se ha hecho esperar, como tampoco la del secretario general de la ONU, Kofi Annan, quien ha recordado que este fondo no se dedica a promocionar abortos, sino a dar consejos a millones de mujeres sobre salud reproductiva. No es la primera vez que los republicanos adoptan tal actitud, pues ya bloquearon programas similares en el pasado, incluso durante la presidencia de Clinton. Ha sido una nueva derrota para el secretario de Estado, Colin Powell, crecientemente aislado en una Administración radicalizada.