El Gobierno investiga si una cooperativa cobra en dinero negro
Una pareja denuncia que una inmobiliaria de Sanchinarro les pidió 12.000 euros sin factura
La Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional ha abierto un expediente a una cooperativa y a una gestoría que venden pisos en Sanchinarro, nuevo barrio que se está construyendo en el norte de la capital, para aclarar un presunto fraude inmobiliario. Unos clientes han denunciado que una empleada de esta gestoría les invitó a pagar 12.000 euros en dinero negro para poder apuntarse y optar a un piso de protección oficial. La empresa lo niega.
La Consejería de Obras Públicas, que solicitará a la cooperativa y a la gestoría documentación relativa a la promoción, a fin de escla...
La Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional ha abierto un expediente a una cooperativa y a una gestoría que venden pisos en Sanchinarro, nuevo barrio que se está construyendo en el norte de la capital, para aclarar un presunto fraude inmobiliario. Unos clientes han denunciado que una empleada de esta gestoría les invitó a pagar 12.000 euros en dinero negro para poder apuntarse y optar a un piso de protección oficial. La empresa lo niega.
La Consejería de Obras Públicas, que solicitará a la cooperativa y a la gestoría documentación relativa a la promoción, a fin de esclarecer si ha existido delito, recuerda que solicitar dinero negro es 'completamente ilegal' y 'acarrea multas millonarias'.
Según consta en la denuncia, presentada en la consejería el pasado 18 de junio, una pareja, que prefiere guardar el anonimato, acudió a la cooperativa para comprar una vivienda de protección oficial (VPO) en marzo de 2002. Por dos veces, según el escrito de denuncia, los días 2 y 4 de abril, una empleada de la gestoría les solicitó un desembolso de dos millones de pesetas en dinero negro para entrar en la cooperativa y optar a una de las aproximadamente 100 viviendas que ofrece una constructora en el nuevo barrio de Sanchinarro.
'A la pregunta de si podemos adherirnos a la cooperativa sin abonar esa cantidad en dinero negro, que entendemos es ilegal, nos responde la empleada que es un requisito indispensable, ya que cometería agravio comparativo con el resto de los cooperativistas que ya han abonado esta cantidad', reza la denuncia.
Un asesor jurídico de la gestoría replicó ayer que lo que denuncia esta pareja 'no tiene sentido, ya que en esta empresa nunca se ha pedido dinero negro, sencillamente porque es ilegal'.
Informe de los detectives
Pero la pareja adjunta en su denuncia la transcripción de una grabación elaborada por la agencia de detectives Abacri. En esta transcripción, que recoge una conversación entre la mujer y la empleada, esta última solicita claramente los dos millones de pesetas en caja B para poder entrar en la cooperativa.
'Puede ser que se haya equivocado, no lo sabemos; tampoco sabemos nada de la transcripción. Lo que sí puedo decir es que en esta empresa no se coge ni se ha cogido nunca dinero negro. La única explicación que le doy es que la empleada quisiera decir que las casas de protección oficial iban a subir dos millones', añade el asesor jurídico de la gestoría.
El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo, que ha tenido noticia de la denuncia y posee la transcripción de la agencia de detectives, cree que el fraude en los nuevos barrios 'es generalizado'. 'Los pisos de protección oficial se tienen que vender a un precio estipulado. Una vivienda de 100 metros cuadrados no puede subir más allá de los 20 o 22 millones de pesetas. Pero se ha especulado tanto con el suelo de estos nuevos barrios, que ahora no salen las cuentas. Por eso se pide dinero negro', explica.
En los nuevos barrios que rodearán la capital (Las Tablas, Montecarmelo, Sanchinarro, Nuevo Carabanchel y Nuevo Vallecas) se construirán cerca de 70.000 viviendas. De ellas, aproximadamente unas 40.000 serán de protección oficial.
'Eso es en teoría', subraya Fernández Gordillo, 'porque en la práctica aún no se ha puesto ni un solo ladrillo'. Para el parlamentario socialista, 'el retraso de más de diez años de estos nuevos barrios ha causado, gracias a la dejación del Ayuntamiento y de la Comunidad, que todas esas viviendas protegidas peligren'.
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