Batasuna arrecia su campaña de hostigamiento

La sucesión de casos de acoso violento a concejales vascos del PP y del PSE y los episodios de protesta de cargos institucionales de Batasuna han jalonado la semana en que ha entrado en vigor la Ley de Partidos, que posibilitará la ilegalización de la formación independentista. Populares y socialistas, promotores de la nueva norma, temen que desde ahora se intensifiquen estas acciones violentas con que los radicales se ven obligados a expresar su nerviosismo ante las incógnitas que se ciernen sobre su futuro.

La campaña de Batasuna contra la aprobación de la nueva Ley de Partidos, en vi...

La sucesión de casos de acoso violento a concejales vascos del PP y del PSE y los episodios de protesta de cargos institucionales de Batasuna han jalonado la semana en que ha entrado en vigor la Ley de Partidos, que posibilitará la ilegalización de la formación independentista. Populares y socialistas, promotores de la nueva norma, temen que desde ahora se intensifiquen estas acciones violentas con que los radicales se ven obligados a expresar su nerviosismo ante las incógnitas que se ciernen sobre su futuro.

La campaña de Batasuna contra la aprobación de la nueva Ley de Partidos, en vigor desde ayer, ha tenido como escenario tanto la calle como las instituciones, destacando la agresión a Ana Urchueguía, alcaldesa socialista de Lasarte-Oria, y la carta de amenaza al concejal del mismo partido en Andoain José Luis Vela, una línea de amedrentamiento ya practicada cuando se trata de disputar un espacio político, y que esta semana han alternado con actuaciones de protesta en las mismas instituciones en las que tienen representación.

La ejecutiva del PSE se reunirá mañana para buscar una respuesta a las amenazas a sus concejales

Batasuna ha llevado su plante al Parlamento navarro y causado altercados de distinto orden en la Cámara vasca y en los Ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y otros municipios menores, aprovechando las fechas de finales de mes que coinciden con la celebración de plenos ordinarios.

Los partidos constitucionalistas aprecian en esta sucesión de incidentes un gran 'nerviosismo' en la formación radical por el hecho de que, de una u otra manera, se acerca la amenaza de su ilegalización. Dirigentes de estas formaciones temen, por tanto, un aumento de las acciones de violencia callejera. 'En realidad, ellos tienen que demostrar y hacer comprender al mundo entero, y especialmente a los ciudadanos que dudan sobre su eficacia, que la aprobación de esta ley no sirve de nada; no va a conseguir frenar ni poner fin a la violencia que existe actualmente', reflexiona un dirigente popular.

La previsible reacción de protesta de los proetarras contra la ley va a coincidir con una época especialmente propicia para que se produzca en la calle. Las vacaciones de verano, con el consiguiente parón de la actividad institucional, y la proliferación de fiestas populares complican que las actuaciones de protesta tengan como escenario las instituciones. Las movilizaciones serán, por tanto, callejeras, un medio habitual de los radicales. Ante esta perspectiva, populares y socialistas se preparan para afrontar un futuro que todos coinciden en considerar 'poco halagüeño'.

Los socialistas vascos, cuya fuerte implantación en numerosos municipios les ha convertido en objeto más frecuente de las iras radicales en los últimos tiempos -localidades guipuzcoanas como Lasarte, Andoain o Zumarraga son ejemplos de ello-, están intentando impulsar con anticipación actuaciones que puedan evitar en lo posible un aumento del acoso sobre sus militantes. La ejecutiva del PSE ha incluido en el orden del día de su reunión de mañana el análisis de la campaña de amenazas que sufren sus ediles y lleva varias semanas trabajando en un informe que diagnostique la situación de los socialistas en cada ayuntamiento vasco para afrontar las elecciones municipales del año próximo.

El secretario general del PSE, Patxi López, ha exigido al lehendakari, Juan José Ibarretxe, que tome la iniciativa y depure responsabilidades por las agresiones a concejales y ponga en marcha los acuerdos sobre la seguridad de cargos públicos que se firmaron a finales de mayo en la Mesa de Arkaute.

La alarma no ha pasado desapercibida al Gobierno vasco, ni los sucesivos avisos de los socialistas exigiéndole más iniciativa. El consejero de Interior, Javier Balza, anunció el viernes que la Comisión Técnica de Seguridad, convocada de nuevo para el próximo jueves en Arkaute, sede de la Academia de la Ertzaintza, ha incluido como punto monográfico de su reunión el estudio de medidas 'para el apoyo y la reacción contra la violencia de persecución'.

Además de dirigir sus iras contra populares y socialistas, los radicales no han dejado de críticar al nacionalismo gobernante. Batasuna exige a PNV y EA que no se queden sólo en declaraciones contra la ley y se impliquen activamente en la respuesta a lo que consideran 'una agresión' del Estado 'a Euskal Herria'. La formación independentista pretende, en definitiva, que peneuvistas y EA le acompañen en su política de agitación.

El apoyo prestado por dirigentes de PNV y EA a la manifestación del pasado día 15 en Bilbao contra la ilegalización de Batasuna sirvió para evidenciar el rechazo de todo el nacionalismo vasco, moderado y radical, al texto legal. Pero este gesto no ha sido suficiente para Batasuna, que ha visto frustrada toda acción conjunta posterior. Los dirigentes radicales se esforzaron en conseguir que aquella movilización tuviera el más alto nivel de representación, dando plenas garantías de que no sería patrimonializada por sus símbolos y mensajes. Así, lograron la presencia del presidente peneuvista, Xabier Arzalluz, con la plana mayor de su formación. Pero este hecho ha sido la única acción unitaria de los nacionalistas vascos.

La frustración de Batasuna la ha expresado su portavoz, Arnaldo Otegi, al criticar con acritud al lehendakari, de quien dijo estar convencido de que 'no hará nada' para garantizar a los militantes de Batasuna el derecho de asociación 'el día después de que sea ilegalizada'. Otegi declaró a Radio Euskadi, la emisora pública vasca, que la aplicación de la norma no es un problema de los radicales, sino de 'la sociedad vasca', por lo que corresponde a todos los partidos nacionalistas comprometerse en su respuesta.

PNV y EA mantienen, sin embargo, su propia forma de contestación a la ley, al margen de Batasuna y 'en el eje central' frente a los extremos, como explica un dirigente peneuvista. Ambas formaciones presentaron en el Congreso, junto a su socio en el Gobierno vasco, IU, un manifiesto con 1.300 firmas de cargos públicos opuestos a la ley; votaron en contra de su texto en las dos Cámaras y el lehendakari le dedicó críticas tan contundentes como decir que 'no acerca la paz y es semilla de división'.

Al nacionalismo gobernante no le inquietan las críticas de los independentistas. 'Batasuna no tiene legitimidad ética ni política alguna para emplazarnos ni pedir al PNV que se manifieste con ella. El 15 de junio no nos movilizamos por Batasuna, sino porque estamos convencidos de que se trata de una barbaridad jurídica', argumenta el presidente del PNV en Guipúzcoa, Juan María Juaristi.