El próximo Gobierno de Holanda sopesa revisar Schengen
A pesar de sus aparentes diferencias ideológicas, la democracia cristiana (CDA), la ultraderechista Lista Pim Fortuyn (LPF) y los liberales de derecha (VVD) están cada vez más cerca de cerrar un pacto político que les permita gobernar en coalición en Holanda durante los próximos cuatro años. El Ejecutivo que desean formar afronta dos retos esenciales: el endurecimiento de las leyes de inmigración y un ahorro presupuestario que rondaría los 10.000 millones de euros.
La cifra es la más alta barajada nunca en una negociaciones de esta clase en el país, pero quieren evitar que el Gabinete d...
A pesar de sus aparentes diferencias ideológicas, la democracia cristiana (CDA), la ultraderechista Lista Pim Fortuyn (LPF) y los liberales de derecha (VVD) están cada vez más cerca de cerrar un pacto político que les permita gobernar en coalición en Holanda durante los próximos cuatro años. El Ejecutivo que desean formar afronta dos retos esenciales: el endurecimiento de las leyes de inmigración y un ahorro presupuestario que rondaría los 10.000 millones de euros.
La cifra es la más alta barajada nunca en una negociaciones de esta clase en el país, pero quieren evitar que el Gabinete dimisionario, con los socialistas al frente, decida los presupuestos generales del Estado para 2003. Dado que su presentación se efectúa, tradicionalmente en septiembre, si el trío negociador no sella pronto un acuerdo, el partido derrotado en las elecciones del pasado 15 de mayo podría llegar a cuadrar las próximas cuentas.
Los detalles de la nueva política de inmigración holandesa no resultarán tan fáciles de precisar. Antes de los comicios, el fallecido líder ultraderechista, Pim Fortuyn, abogó por la derogación de los acuerdos de Schengen y el cierre de las fronteras internas europeas. Aunque el tono de las negociaciones es hoy más sereno, CDA, LPF y VVD no tienen reparos en hablar de 'reconsiderar Schengen' con sus socios. Los tres están también de acuerdo en reducir el flujo de inmigrantes ilegales con medidas estrictas aún por perfilar. Cuentan para ello con el apoyo de los alcaldes de las cuatro grandes urbes holandesas: Amsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht.
Por otra parte, ha llegado la tercera amenaza de muerte de las últimas semanas contra un personaje público. La destinataria ha sido esta vez Gretta Duisenberg, esposa del presidente del Banco Central Europeo, por haber desplegado en su balcón una bandera palestina tras las matanzas del campo de refugiados de Yenín.