El Reino Unido deportará a los inmigrantes ilegales a los que no conceda derecho de asilo

El Gobierno de Tony Blair quiere deportar de forma automática a su país de origen a los demandantes de asilo cuya petición se considere 'manifiestamente infundada'. Los rechazados podrán apelar, pero eso no les otorgará derecho a seguir en el país hasta que se resuelva la apelación. Tendrán así menos derechos que los sospechosos de terrorismo, a los que sí se les mantuvo ese derecho en la ley antiterrorista aprobada en diciembre. En Roma, los ministros del Interior de la UE acordaron reforzar el control de las fronteras y combatir la inmigración ilegal con más coordinación.

La deportaci...

El Gobierno de Tony Blair quiere deportar de forma automática a su país de origen a los demandantes de asilo cuya petición se considere 'manifiestamente infundada'. Los rechazados podrán apelar, pero eso no les otorgará derecho a seguir en el país hasta que se resuelva la apelación. Tendrán así menos derechos que los sospechosos de terrorismo, a los que sí se les mantuvo ese derecho en la ley antiterrorista aprobada en diciembre. En Roma, los ministros del Interior de la UE acordaron reforzar el control de las fronteras y combatir la inmigración ilegal con más coordinación.

La deportación automática propuesta ayer por el ministro británico del Interior, David Blunkett, provocó en pocas horas una oleada de protestas, entre ellas la del embajador de Francia en el Reino Unido, Daniel Bernard. Éste advirtió en declaraciones a BBC Radio 4 que una medida de esa naturaleza podría ser contraria a la Convención de Dublín. 'Hemos hecho muchos esfuerzos por prevenir que los inmigrantes clandestinos lleguen a Europa y el Reino Unido. Tenemos que suprimir las causas, no los efectos', reclamó.

La propuesta, que quiere introducir en el Reino Unido un sistema que se aplica ya en Suecia y Holanda, provocó también la indignación de las organizaciones civiles, que la encuentran 'un sinsentido' y 'enfermiza'. En diciembre, la campaña emprendida por estas organizaciones contra la nueva ley antiterrorista logró que la Cámara de los Lores votara por la supresión de varios puntos clave. Blunkett tuvo que pactar con el Parlamento para que aprobara la ley. Entre las cesiones estaba la de admitir que los sospechosos de terrorismo pudieran apelar antes de ser expulsados.

A pesar de la creciente histeria con que el problema de los refugiados es tratado en el Reino Unido, donde los tabloides los definen como aprovechados que sólo quieren abusar de la generosidad del Estado, no es seguro que una propuesta tan controvertida pase por las buenas el cedazo del Parlamento.

El anuncio de la controvertida propuesta del Gobierno coincidió con la difusión de las últimas cifras de demandantes de asilo. En el último trimestre de 2002 hubo 19.520 peticiones, 1.520 más que en el mismo periodo del año anterior. En el primer trimestre se denegaron 14.010 apelaciones, pero sólo fueron expulsados 2.920 refugiados. ¿Dónde están los demás? Ahí está el problema.

En Roma, el Gobierno italiano presentó ayer los resultados de un estudio de viabilidad para una futura policía europea de fronteras. Según el estudio, la creación de una policía europea que controle los flujos migratorios en la frontera exterior de la UE sólo puede plantearse como un objetivo a largo plazo. Aun así, la primera prueba de su viabilidad la ha dado una operación llevada a cabo en aeropuertos de la UE que ha permitido la detención de 5.000 clandestinos.

Más eficacia

Los ministros del Interior de España, Mariano Rajoy, e Italia, Claudio Scajola, y el comisario europeo, Antonio Vitorino, presentaron ayer en Roma esta operación (RIO) como un ejemplo de la efectividad que se persigue, al término de la reunión de ministros del Interior de los Qunice, en la que se analizaron los resultados del estudio sobre viabilidad para una policía europea de fronteras encargado a Italia hace seis meses. Francia ha pedido que se amplíe esta iniciativa, bautizada como Risk Inmigration Operation (RIO), a los principales puertos marítimos.

'No estamos hablando de crear el FBI europeo', dijo Rajoy, 'sino de incrementar en la medida de lo posible la cooperación para ser más eficaces'. El ministro y vicepresidente español subrayó la importancia de que los miembros de la UE y los trece países candidatos 'comprendan que el de la inmigración clandestina es un problema de toda la UE, puesto que estamos hablando de un territorio sin fronteras'. 'No se trata de convertir a Europa en una fortaleza', dijo su homólogo Scajola, 'sino de lograr un modelo de protección para nuestros ciudadanos dentro de este espacio común'.

El estudio 'de viabilidad para la creación de una policía europea de fronteras' encargado a los italianos se ha enriquecido con las aportaciones de la Comisión y de expertos de Bélgica, Francia, Alemania y España. Sus conclusiones se resumen en 16 puntos, que van desde la creación de una red de oficiales de enlace de inmigración en los aeropuertos internacionales de los países miembros de la UE hasta el intercambio de funcionarios en puestos fronterizos y la creación de unidades policiales europeas de intervención rápida, en caso de emergencias.

Algunas de las iniciativas que se recogen en el estudio han sido ya aplicadas. Por ejemplo, los controles conjuntos de policía en los aeropuertos internacionales de los países de la UE. Según Rajoy, y contrariamente a la impresión general, la principal puerta de entrada de la inmigración clandestina son los aeropuertos internacionales. Las conclusiones del estudio serán analizadas en el Consejo Europeo de Sevilla, previsto para los días 21 y 22 de junio.