Como ayer
De nuevo se abre el periodo de inscripción para el curso escolar y una vez más se percibe la irracionalidad y el privilegio en algunos comportamientos. No se puede calificar de otro modo la actitud de esos padres que exigen que sus hijos continúen la etapa primaria en los centros donde fueron admitidos en edad infantil, sabiendo que tendrían que someterse al baremo y selección que se hace en todos los colegios públicos y concertados. Pretenden imponer sus deseos pasando por encima de otros alumnos con mejor puntuación. ¿Quién tiene la culpa de que eso ocurra, según esos padres? No podía ser de...
De nuevo se abre el periodo de inscripción para el curso escolar y una vez más se percibe la irracionalidad y el privilegio en algunos comportamientos. No se puede calificar de otro modo la actitud de esos padres que exigen que sus hijos continúen la etapa primaria en los centros donde fueron admitidos en edad infantil, sabiendo que tendrían que someterse al baremo y selección que se hace en todos los colegios públicos y concertados. Pretenden imponer sus deseos pasando por encima de otros alumnos con mejor puntuación. ¿Quién tiene la culpa de que eso ocurra, según esos padres? No podía ser de otro modo que la Junta de Andalucía, que, al decir de ellos, no flexibiliza sus criterios de baremación e impide algo tan sencillo como ampliar la ratio de alumnos por profesor en esos centros. ¡Qué más da 20 que 30 o 35 alumnos en una clase! ¿No había antes 40 chiquillos con un maestro? Exigen flexibilidad a la consejera a fin de que esos hijos sean tratados de forma privilegiada por encima del resto, sobre todo cuando ya hay precedentes.
Y, sin embargo, estos padres no son sino las víctimas de un perverso sistema en el que los propietarios de los centros de enseñanza privada concertada inician el disparate y las delegaciones de Educación, posteriormente, se ven incapaces de parar la marea demagógica que esos mismos directivos potencian. Al final se arbitran soluciones injustas: o se aumenta el número de alumnos por aula o se aplica un criterio diferente al del resto de la enseñanza pública y concertada de otras zonas. Todo lo cual no hace sino socavar cada vez más el principio de la igualdad en la educación que se supone que está en la base de nuestra Constitución. La ley de calidad, con minúscula, que acaba de presentar el gobierno del PP viene a aclarar la indefinición en que nos movíamos: ahora ya se sabe que la enseñanza privada aumentará su parte de financiación en los presupuestos del Estado mientras que la educación pública se quedará con los restos del naufragio social. Unos alumnos podrán recorrer gratuitamente, a costa del presupuesto público, todo el trayecto de la infantil al bachillerato dentro de la red privada; a otros, les quedará el consuelo de una postergada enseñanza pública como paso a la iniciación profesional. Total, como en aquellos pretéritos buenos tiempos, que para eso mandan los del PP.
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