Electoralismo de urgencia del nuevo Gobierno francés
El Ejecutivo de Raffarin tiene que enfrentarse antes de las legislativas a la inseguridad o a la reducción de impuestos
Apenas finalizados los trámites de toma de posesión del cargo, el nuevo ministro francés de Interior, Nicolás Sarkozy, se estrenó con una ronda nocturna de policía por los suburbios del norte de París. Visitó una comisaría en estado semirruinoso, vio el habitual coche en llamas y sintió de cerca las pedradas con que se acostumbra a recibir a la policía en los barrios peligrosos. Rápida entrada en materia para el alcalde del elegante pueblo de Neuilly-sur-Seine, un ambicioso político de 47 años al que se ha asignado la tarea más caliente del nuevo Gobierno. El viernes por la noche repiti...
Apenas finalizados los trámites de toma de posesión del cargo, el nuevo ministro francés de Interior, Nicolás Sarkozy, se estrenó con una ronda nocturna de policía por los suburbios del norte de París. Visitó una comisaría en estado semirruinoso, vio el habitual coche en llamas y sintió de cerca las pedradas con que se acostumbra a recibir a la policía en los barrios peligrosos. Rápida entrada en materia para el alcalde del elegante pueblo de Neuilly-sur-Seine, un ambicioso político de 47 años al que se ha asignado la tarea más caliente del nuevo Gobierno. El viernes por la noche repitió ronda, esta vez por Les Halles y el entorno del centro Pompidou, las zonas de París donde se concentran los jóvenes de la periferia.
Jacques Chirac ha puesto en marcha un arsenal de medidas preelectorales
A priori, no cabe esperar ningún problema en la colaboración con España para la lucha contra ETA, pero no cabe duda de que Francia va a vivir las dificultades inherentes a una gran reestructuración del aparato de seguridad; y la que está en marcha pretende concentrar a la policía y a la gendarmería (250.000 personas) bajo una misma mano, la de Sarkozy, que de momento mantiene al mismo director de la Policía de los socialistas, Patrice Bergougnoux.
Los cambios van a efectuarse bajo el peso de varias amenazas: la que hace planear 'el radicalismo islamista', difusamente aludido mientras no se determine quién mató a los 11 técnicos franceses en la ciudad paquistaní de Karachi; y la confirmación de que el Frente Nacional de Liberación de Córcega (FLNC) vuelve a la carga. En la noche de la reelección de Chirac, este grupo destruyó el centro de impuestos de Marsella y colocó una bomba en un centro de reclutamiento militar, en París. Los independentistas corsos han reivindicado 22 atentados recientes, todos saldados con daños materiales, a modo de réplica a la promesa de Chirac de congelar el proceso de autonomía iniciado por el socialista Lionel Jospin.
El atentado de Karachi y las amenazas corsas fuerzan al nuevo poder conservador a lanzarse al galope, antes de que una nueva ola de inseguridad eche por tierra la dinámica política creada por la reelección de Chirac y las maniobras para refundar el centro-derecha. El líder del FN, Jean-Marie Le Pen, no podría encontrar un pretexto mejor para construir la campaña de su partido en las inminentes elecciones legislativas.
Toda esta operación podría abordarse con más calma si la cita con las urnas no estuviera a cuatro semanas vista. Pero el Gobierno electoral nombrado por Jacques Chirac tiene que actuar a paso de carga, exhibiendo medidas que le permitan, a la vez, derrotar a la izquierda y sortear el peligro de que una futura mayoría quede a merced de la ultraderecha.
De esa mayoría depende que el nuevo primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, pueda sostenerse en Matignon, la residencia de los primeros ministros. El antiguo arrendatario, Lionel Jospin, se cura en Sicilia de las heridas producidas por la humillante derrota del 21 de abril, mientras el nuevo inquilino se ve acosado a órdenes por Chirac. No es lo mismo enfrentarse al jefe del Estado con el apoyo de una mayoría parlamentaria de izquierda, como hacía Jospin, que servir de ejecutor a la política presidencial.
Raffarin ha quemado sus naves con el anuncio de su dimisión en la presidencia de la región de Poitou-Charentes, desde la que saltó al primer plano de la nación. Nadie ha encontrado aún algo que reprocharle. En su modesta trayectoria anterior apenas hay mordiente, al margen de su antigua protección al gremio de panaderos para resistirse a aceptar aditivos que empeoren la calidad del pan. Su estatura política está por ver, rodeado de ministros chiraquistas -Sarkozy, Michèle Alliot-Marie, Dominique de Villepin- y tras un nombramiento que ha sido posible tras ganarse la confianza de Alain Juppé, el hombre que mueve los hilos de la refundación del centro-derecha.
Y además está Chirac. Harto de cinco años de cohabitación, el jefe del Estado saborea el placer de mandar. El Gobierno electoral de Raffarin no cesa de recibir órdenes: tiene que decidir la reducción del 5% del impuesto sobre la renta 'en las próximas semanas', adoptar una 'primera rebaja significativa' de las cargas que pesan sobre las salarios más bajos, preparar 'muy rápidamente' medidas de lucha contra la precariedad y la pobreza, 'suavizar' la aplicación de la jornada máxima de 35 horas, 'discutir' la reforma de las pensiones con patronal y sindicatos... Y preparar una amnistía para los delitos de tráfico: ¡todo sea por ganar las legislativas! Para completar el arsenal de medidas preelectorales, el primer ministro ha anunciado una auditoría de las finanzas públicas. A cuatro semanas de la primera vuelta de las legislativas, este trabajo podría haberse convertido en una 'bomba' contra los socialistas, pero Raffarin aclaró ayer que los resultados serán publicados 'al día siguiente de las elecciones'. De modo que se trata de justificar alguna prudencia futura en la aplicación de las fervientes promesas electorales del presente.
Todo parece indicar que esa auditoría pondrá en evidencia un empeoramiento del déficit público, que fuentes cercanas al nuevo Gobierno alcanza el 2% del PIB, cuya corrección es difícilmente compatible con las importantes rebajas de impuestos ofrecidas por Chirac. Alemania tuvo que emplearse a fondo para evitar una advertencia formal de la Comisión Europea sobre el problema de su déficit público (2,7% del PIB en 2001), y el anuncio de la 'auditoría de las cuentas públicas' hecho por el nuevo Gobierno francés lleva el mismo camino.