Meter la mano en las cajas
En abril de 1975, cuando la dictadura estaba agotando sus días, Rafael Cabello de Alba, el último ministro de Economía de Franco, firmó un decreto con el pretexto de impulsar la renovación de los gestores de las cajas de ahorro. El núcleo de la reforma consistía en limitar a 75 años la edad de los consejeros y a 70 la de los directores generales. Pero lo cierto es que el decreto del 3 de abril de 1975 tenía un objetivo más preciso: sustituir al entonces director general de La Caixa, Enrique Luño Peña, al frente de la entidad desde 1939. Luño había dirigido como comisario la depuración de los e...
En abril de 1975, cuando la dictadura estaba agotando sus días, Rafael Cabello de Alba, el último ministro de Economía de Franco, firmó un decreto con el pretexto de impulsar la renovación de los gestores de las cajas de ahorro. El núcleo de la reforma consistía en limitar a 75 años la edad de los consejeros y a 70 la de los directores generales. Pero lo cierto es que el decreto del 3 de abril de 1975 tenía un objetivo más preciso: sustituir al entonces director general de La Caixa, Enrique Luño Peña, al frente de la entidad desde 1939. Luño había dirigido como comisario la depuración de los empleados que llevó a la cárcel al director legal de la entidad, Josep Maria Boix.
La intención de Cabello no se limitaba a jubilar a Luño. El ministro tenía su propio candidato, cuyo retrato robot había dibujado crípticamente: 'Ha de ser catalán, independiente, técnico y joven'. El tapado del Gobierno era Josep Jané Solà, catedrático de Política Económica, uno de sus asesores económicos de mayor confianza.
Pero la maniobra fracasó. El nombramiento del director general era competencia del consejo de La Caixa, y su presidente, Narcís de Carreras, se opuso frontalmente a la imposición. Hubo forcejeos durante meses, y en algún momento Carreras llegó a colgarle el teléfono al ministro. Murió Franco, y en febrero de 1976, el titular de Economía del primer Gobierno de la Monarquía, Juan Miguel Villar Mir, aceptó al candidato del consejo de La Caixa, Josep Vilarasau.
En aquella ocasión, a pesar de las presiones, prevaleció la decisión del consejo. Pero la primera renovación profunda de las cajas no se registró hasta agosto de 1977, con el conocido decreto de Fuentes Quintana, que permitió a las entidades de ahorro realizar las mismas operaciones que los bancos y abrir sus consejos a representantes de los impositores y ayuntamientos.
Transcurridos 27 años, la historia que algunos quieren repetir roza la caricatura. La renovación de las cajas que impulsa el PP parece una calculada sustitución de determinados directivos -a través de una norma que limitaría a 70 años la edad de los consejeros- por otros ejecutivos con mejor sintonía / dependencia del Gobierno. También parece que en esta ocasión hay un objetivo prioritario, tal como explicitó recientemente Jorge Moragas, secretario ejecutivo de relaciones internacionales del Partido Popular: La Caixa, la tercera entidad financiera española.
El problema es que su actual presidente, Josep Vilarasau, de 71 años, 'no obedece', según círculos próximos al PP. Y también en este caso parece que se está configurando una foto robot del sustituto previsto, en la que podrían encajar desde el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, hasta ciertos ejecutivos de confianza del Gobierno. Así, la toma de La Caixa sería el paso siguiente de un efecto dominó iniciado con el BBVA tras la tentativa frustrada con el BSCH.
La iniciativa de limitar la edad de los consejeros mediante una norma básica chocaría con las leyes de cajas de la Generalitat de Cataluña, de otras autonomías, y con la doctrina del Tribunal Constitucional. Los Parlamentos autonómicos recurrirían con toda seguridad, por la invasión de competencias: pero llegarían tarde, porque ese recurso carece de efectos suspensivos.
El verdadero problema de las cajas no es la edad de sus consejeros. Está en otra parte. En efecto, la regulación de las entidades de ahorro, que representan el 45% del sistema financiero español, precisa una profunda reforma especialmente para resolver su deficiente sistema de capitalización y para 'fortalecer la autoridad de sus órganos de gobierno y prevenir contra su politización', como señala el profesor Joan Cals.
El propio gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, ya advirtió hace un año sobre los riesgos que implicaban para las cajas los actuales mecanismos de capitalización a través de emisiones de acciones preferentes. Caruana fue entonces taxativo: 'Niveles de acciones preferentes por encima del 30% de los recursos propios básicos no son recomendables'. La capitalización es el viejo talón de Aquiles de las cajas. A diferencia de los bancos, las entidades de ahorro carecen de acciones y, por tanto, no pueden recurrir a las ampliaciones de capital. Su forma tradicional de capitalizarse ha sido a base de dedicar a ello una parte de sus beneficios.
Durante los últimos años las cajas, siguiendo la senda de los bancos, han intentado resolver este viejo problema a través de las llamadas participaciones o acciones preferentes, un peligroso atajo, cuya heterodoxia inquieta cada día más a los reguladores.
Paraísos fiscales
Lo que nunca se cuenta de las participaciones preferentes es que por motivos tributarios son emitidas por sociedades radicadas en paraísos fiscales, como las islas Caimán, sorprendentemente por recomendación de las propias autoridades. Un mecanismo de difícil justificación después del caso de las cuentas secretas del BBVA. Además, la intensificación de la globalización complica cada vez más el control de estas sociedades que cuentan con el único aval de las propias cajas.
La sustitución propuesta de las participaciones preferentes por las cuotas participativas que probablemente incluirá la Ley Financiera difícilmente resolverá un problema que requiere un debate mucho más profundo. La Ley Financiera, un verdadero cajón de sastre que afecta a ¡no menos de 18 leyes! -desde la reforma de la Bolsa, seguros, cooperativas, capital riesgo, pequeñas y medianas empresas-, no es seguramente el lugar más adecuado para regular una transformación tan profunda y específica como requieren las cajas de ahorro. Además, como ha señalado la diputada socialista Maite Costa, el Gobierno 'no se ha atrevido a incorporar la reforma de las cajas de ahorro y piensa cambiar la regulación que afecta a más de la mitad de nuestro mercado crediticio a través de unas enmiendas, cuando lo procedente es que estuvieran en el texto'.
Por otra parte, las cuotas participativas ya fueron reguladas en 1988 y 1990, sin que ello tuviera efecto alguno -a excepción de una emisión de la CECA-, por la falta de una definición previa sobre el cambio que implicaban estos instrumentos en la naturaleza jurídica de las cajas.
Hace dos años, la propia CECA encargó un estudio sobre la evolución de las cajas en Europa. El trabajo reflejaba que una mayoría de países (Reino Unido, Suecia, Finlandia, Austria, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Irlanda e Italia) había optado por la transformación de la cajas en sociedades anónimas. Recordaba la situación de Alemania y España, que mantenían sus formas tradicionales y destacaba la experiencia de Noruega. En este país nórdico, las cajas emiten unos certificados de capital primario que cotizan en Bolsa, tienen derechos políticos y sus titulares eligen al 25% de los miembros del comité de representantes de la caja. Por lo visto, este camino de análisis y reflexiones no es el que más interesa oficialmente. Se prefiere la vía más expeditiva, como el intento de hace 27 años, del quítate tú para que me ponga yo.