La Audiencia contradice al Tribunal Superior de Extremadura sobre la suspensión de Canal Sur

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado la suspensión cautelar de los efectos del convenio firmado por los Gobiernos de Andalucía y Extremadura y por el cual Canal Sur emite desde el 7 de septiembre del pasado año una programación específica extremeña. Esta resolución entra en conflicto directo con el auto emitido el miércoles por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) que ordenó la suspensión de las emisiones de Canal Sur Extremadura.

El vicepresidente de la Junta, Carlos Sánchez Polo, cali...

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado la suspensión cautelar de los efectos del convenio firmado por los Gobiernos de Andalucía y Extremadura y por el cual Canal Sur emite desde el 7 de septiembre del pasado año una programación específica extremeña. Esta resolución entra en conflicto directo con el auto emitido el miércoles por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) que ordenó la suspensión de las emisiones de Canal Sur Extremadura.

El vicepresidente de la Junta, Carlos Sánchez Polo, calificó la resolución como 'un varapalo para el Gobierno de Aznar'. 'Si se cumple el auto de ayer [por el miércoles] estaría en contra del acto de hoy [por ayer] y viceversa', afirmó Sánchez Polo. La consejera de la Presidencia, María Antonia Trujillo, interpretó que la Audiencia Nacional 'considera que al día de hoy el convenio no es ilegal y por lo tanto no se suspende'.

La suspensión fue solicitada en la Audiencia Nacional por el abogado del Estado a instancias del ministerio de Ciencia y Tecnología. Éste pidió la impugnación del denominado 'Protocolo de intenciones' firmado por las Juntas de Andalucía y Extremadura para la recepción de las emisoras de televisión de una de ellas en el territorio de la otra. Desde el pasado 7 de septiembre Canal Sur emite en territorio extremeño una programación de seis horas con contenidos específicos de esta comunidad.

La programación está elaborada por la productora PETSA, participada al 51% por el Grupo PRISA.

El abogado del Estado consideró que era un litigio entre administraciones, por lo que todos los intereses en conflicto son de carácter general, y justificó la necesidad de suspender las emisiones 'en que la ejecución de las previsiones del convenio haría perder al recurso su finalidad'.

En el citado recurso se aducía que al amparo del acuerdo de colaboración entre ambos Gobiernos regionales se habían realizado actuaciones que incumplían diversas disposiciones legales, en referencia al concurso que concedió la programación a PETSA y la difusión de la señal a Retevisión.

El Gobierno central cuestionaba, en definitiva, la legalidad del convenio 'al entender que mediante ese instrumento se pretende establecer el funcionamiento de un canal extremeño de televisión sin seguir para ello lo dispuesto en la ley'. La Audiencia Nacional ha entendido que esa alegación 'por referirse directamente al fondo de la cuestión planteada en el recurso no puede ser ahora resuelta'.

'Interés general'

Por su parte, los representantes de Extremadura y Andalucía opusieron la existencia de un interés general de los extremeños 'que se concreta en la privación de un servicio público de información y divulgación de acceso libre y gratuito'.

Sánchez Polo pidió al alto tribunal extremeño que reconsidere su postura : 'Los extremeños difícilmente van a comprender que un tribunal radicado en la región haga prevalecer los intereses del Gobierno y del PP y otro, afincado en Madrid, haga prevalecer los intereses de los extremeños'.

El dilema que se plantea ahora es si se suspende o no la programación extremeña de Canal Sur, cumpliendo el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 'Se inicia un incidente de ejecución de sentencia', manifestó la consejera de Presidencia, María Antonia Trujillo. 'Y en un incidente todas las partes ponen sobre la mesa como se va a proceder a la ejecución, incluso el propio Tribunal Superior de Justicia tendrá que decir como considera que se va a producir la ejecución de ese auto que ha dictado. Hay ejecuciones sencillas, que se tarda una hora, y ejecuciones complicadas que duran hasta 20 años. Lo tendrá que decir la Sala'.

'¡A ver quién lo entiende', exclamó el presidente de la Junta, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tras dejar claro que Canal Sur Extremadura no cerraría sus emisiones si la orden del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) que las suspende hubiera ido dirigida a él en vez de a un consejero. 'No quiero que ningún consejero mío tenga problemas con la justicia'.