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El Tribunal Superior confirma el cierre de Canal Sur Extremadura

La Junta dice que buscará fórmulas para mantener la programación

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha rechazado el recurso de súplica presentado por la Junta contra el auto del mismo tribunal que suspendió, a instancias del Estado (Ministerio de Ciencia y Tecnología), la programación de Canal Sur Extremadura que realiza la productora PETSA, participada al 51% por PRISA. La suspensión de las emisiones se realizará una vez que la Junta conozca el auto.

El Ejecutivo de Rodríguez Ibarra ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que buscará otras fórmulas para mantener una programación específica extremeña. 'Acudiremos a todos los medios a nuestro alcance, naturalmente siempre dentro del Estado de derecho', dijo ayer en Mérida el vicepresidente del Gobierno extremeño, Carlos Sánchez Polo, quien manifestó que estudiarán el asunto jurídicamente, pero 'por sentido común tendremos que ir a rescindir el contrato'. 'Haremos todos los esfuerzos para recuperar las programaciones que estábamos haciendo, igual o semejante, y esperamos que los trabajadores encuentren acomodo', añadió.

La decisión del alto tribunal extremeño supone un duro golpe para el sector audivisual extremeño, que había depositado sus esperanzas en el mercado televisivo. Más de 100 personas trabajan directamente en una programación con un alto índice de aceptación y que es seguido por cerca de medio millón de extremeños, repartidos por todo el territorio regional, según fuentes de Canal Sur Extremadura.

La Sala considera que con la contratación de 1.230 horas de producción audiovisual y la distribución de la señal televisiva en Extremadura se está realizando una gestión privada sin el control político de una televisión pública. La Junta, en el contencioso mantenido con el TSJEX, sostiene que el alto tribunal 'no tiene en cuenta para nada los intereses generales de los ciudadanos extremeños'.

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el jefe del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves, firmaron el pasado 9 de julio en Mérida el convenio que propició la puesta en marcha de una programación extremeña en Canal Sur. El Gobierno extremeño adoptó esa fórmula ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la oposición para la elección de los miembros del consejo de administración de la televisión autonómica, todo ello en el marco del proyecto de Ley de Creación de la Corporación de Medios Audiovisuales de Extremadura. El PP e IU no votaron y la televisión regional quedó bloqueada.

'El convenio nos permite salir del atolladero en que nos metió el PP', dijo Rodríguez Ibarra tras la firma de un protocolo que contemplaba seis horas de programación específica para la comunidad. El presidente extremeño afirmó entonces: 'Tenemos una televisión de alquiler porque el PP no nos deja tenerla en propiedad'. Chaves matizó que el único beneficio que obtenía Canal Sur era aumentar la audiencia.

El 12 de julio del 2001, el Diario Oficial de Extremadura convocó un concurso público para la adjudicación de la programación extremeña en el que resaltaba como méritos a considerar la calidad técnica y los criterios profesionales. Un mes después, el 13 de agosto, la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología resolvió el concurso, adjudicando 1.230 horas de programación anuales, por un periodo de dos años, a la Productora Extremeña de Televisión Sociedad Anónima (PETSA). El contrato sumaba 2.550 millones de pesetas. Al concurso habían acudido PETSA, Telefónica y MediaPro. El secretario general de la Consejería de Educación, Pedro Barquero, explicó así la decisión: 'La oferta de PETSA se adapta mejor a la realidad social de la región y tiene más coherencia y funcionalidad'.

'¿Cuál es la diferencia?'

El vicepresidente de la Junta, Carlos Sánchez Polo, se mostró ayer sorprendido por la actitud de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y recordó la situación vivida hace un año con cuatro emisoras que 'se encontraban en situación idéntica, pero entonces no se actuó igual'. Sánchez Polo criticó duramente a dos de los tres ponentes del auto, los magistrado Elena Méndez y Daniel Ruiz, e interpretó la actuación de éstos ante el caso de las cuatro emisoras de radio. 'Dijeron: 'Como tienen derecho a recurso ante el Supremo y se puede causar daños a personas vamos a esperar a que el Supremo falle'. Y aquí dicen que no ¿Cuál es la diferencia?' 'La causa del cierre, lo que le pase a los trabajadores , hay que achacárselo directamente al PP y a la Sala', puntualizó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de abril de 2002

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