Reservas mentales

Hay ocurrencias que resultan reveladoras. La del diputado del PP Fernando Fernández de Trocóniz, sugiriendo que se reduzcan las pensiones que perciben las mujeres porque 'viven más', dice mucho de la preocupante confusión de ideas que existe en el Gobierno y en sectores políticos próximos sobre los criterios con los que debe abordarse la reforma del sistema de pensiones. Reforma que no acaba de aflorar como objetivo político claro, pero que se considera inevitable y urgente entre los tecnócratas de la derecha.

La misma inconsecuencia, producto de la falta de previsión, se encuentra en l...

Hay ocurrencias que resultan reveladoras. La del diputado del PP Fernando Fernández de Trocóniz, sugiriendo que se reduzcan las pensiones que perciben las mujeres porque 'viven más', dice mucho de la preocupante confusión de ideas que existe en el Gobierno y en sectores políticos próximos sobre los criterios con los que debe abordarse la reforma del sistema de pensiones. Reforma que no acaba de aflorar como objetivo político claro, pero que se considera inevitable y urgente entre los tecnócratas de la derecha.

La misma inconsecuencia, producto de la falta de previsión, se encuentra en la decisión del Gobierno de destinar 1.300 millones de euros, tan sólo la mitad del excedente de la Seguridad Social del año 2001, para dotar el fondo de reserva para las pensiones. El fondo de reserva debe contar con una cantidad mínima de un billón de pesetas, equivalente a una mensualidad de las pensiones que se pagan en España, en el año 2004; pero recientemente la Comisión Europea ha recomendado que se aumenten las dotaciones de los fondos, porque crecen los riesgos de que a partir del año 2015 aparezcan problemas de insuficiencia financiera. En lugar de atender la urgencia de la recomendación y acrecentar las dotaciones, el Ministerio de Economía, que es el que toma este tipo de decisiones, ha considerado que con esos 1.300 millones de euros es suficiente, y ha dejado en una ambigüedad calculada el destino de la otra mitad.

Por principio debe exigirse que el excedente que genere la Seguridad Social se aplique en el ámbito estricto de las prestaciones y servicios sociales. Aunque la tesis oficial que se defiende desde el Gobierno es que el superávit del sistema de la Seguridad Social no se trasvasa a las cuentas del Estado, lo cierto es que existen algunas evidencias de que estas fronteras no se respetan. Sirva como ejemplo la financiación de los gastos de funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo (Inem), un organismo que no recibe dinero de los presupuestos públicos y que, sin embargo, cuenta con un presupuesto generoso.

Hasta el momento, los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social se han visto notablemente favorecidos por más de un lustro de bonanza económica. Pero la prosperidad no es eterna, salvo en las ensoñaciones de los economistas oficiales. Un escenario plausible para este año y quizá el próximo debería prevenir un aumento de las prestaciones por desempleo y, por supuesto, una desaceleración en el número de cotizantes en el sistema social. Pero como no es éste el escenario que admite el Gobierno, sino que entiende que la Seguridad Social cerrará el ejercicio con un nuevo superávit y el presupuesto del Inem estará equilibrado, no se entiende la lógica de dotar el fondo de reserva con sólo la mitad del excedente; salvo que el Gobierno desconfíe profundamente de sus propias previsiones. Razón de más para pedir que todo el excedente social se guarde en el fondo de reserva.