Vertido de 600.000 litros de uranio en Australia
Los propietarios de una mina achacan el derrame al reventón de una conducción
El Gobierno del estado de Australia del Sur anunció ayer que ha decicido abrir una investigación para determinar las causas y resonsabilidades del vertido de más 60.000 litros de líquido radiactivo ocurrido el viernes en la mina de uranio de la localidad de Beverly, situada a unos 600 kilómetros al norte de Adelaida. Los operadores de la mina informaron ayer de que una mezcla de agua subterránea, ácido sulfúrico y uranio se derramó al reventar una de las conducciones, tras un fallo en el suministro de electricidad.
En el cálculo efectuado por las autoridades se incluyen en el vertido un...
El Gobierno del estado de Australia del Sur anunció ayer que ha decicido abrir una investigación para determinar las causas y resonsabilidades del vertido de más 60.000 litros de líquido radiactivo ocurrido el viernes en la mina de uranio de la localidad de Beverly, situada a unos 600 kilómetros al norte de Adelaida. Los operadores de la mina informaron ayer de que una mezcla de agua subterránea, ácido sulfúrico y uranio se derramó al reventar una de las conducciones, tras un fallo en el suministro de electricidad.
En el cálculo efectuado por las autoridades se incluyen en el vertido unos trece kilos de uranio y dos kilos y medio de polvo de cadmio. Sin embargo, el Gobierno del estado reconoció que no puede todavía valorar el grado de toxicidad del material vertido.
Sin embargo, se han producido las primeras críticas de organizaciones cívicas contra el consejo de Medio Ambiente de Australia del Sur, por no haber facilitado información hasta la noche del pasado sábado del accidente en la mina.
En cuanto a Heathgate Resources, la compañía operadora de la mina, sus portavoces afoirmaron ayer que las instalaciones son seguras y que el accidente no ha causado impacto alguno al medio ambiente, ni tampoco causado víctimas entre los trabajadores de la mina.
Por su parte, los grupos ecologistas han pedido que se cancele la actividad minera hasta que se complete una investigación independiente. De momento, la investigación encargada por el Gobierno correrá a cargo de los servicios oficiales de Protección Radiactiva.