Agricultores del Guadiamar exigen a la Junta que les evite el pago de impuestos por las expropiaciones

La Agencia Tributaria ha empezado a reclamar a los agricultores afectados por el vertido tóxico en el valle del Guadiamar (Sevilla) en 1998 el pago de impuestos por el dinero que recibieron tras la expropiación de sus tierras por la Junta de Andalucía. Según uno de los propietarios afectados, Hacienda exige el reintegro de decenas de millones de pesetas por el incremento patrimonial derivado de la venta de sus tierras.

La asociación agraria Asaja, que representó en el litigio con la Junta al 80% de los agricultores implicados, y otros propietarios que negociaron personalmente, pidieron ...

La Agencia Tributaria ha empezado a reclamar a los agricultores afectados por el vertido tóxico en el valle del Guadiamar (Sevilla) en 1998 el pago de impuestos por el dinero que recibieron tras la expropiación de sus tierras por la Junta de Andalucía. Según uno de los propietarios afectados, Hacienda exige el reintegro de decenas de millones de pesetas por el incremento patrimonial derivado de la venta de sus tierras.

La asociación agraria Asaja, que representó en el litigio con la Junta al 80% de los agricultores implicados, y otros propietarios que negociaron personalmente, pidieron ayer a la Administración andaluza que interceda ante Hacienda para evitar el pago de los impuestos atrasados. La expropiación forzosa de 3.816 hectáreas en el valle del Guadiamar afectó a 150 propietarios, que ingresaron algo más de 48 millones de euros (8.000 millones de pesetas), aunque la mayoría de ellos no querían vender. La Junta invocó razones medioambientales (las tierras estaban contaminadas de arsénico y cinc) para expropiar y crear un corredor verde donde antes había fincas agrarias.

Los agricultores afectados incluyeron en la declaración de la renta de 1999 el incremento patrimonial derivado de esta expropiación, pero en la mayoría de los casos no lo consideraron tributable ya que interpretaron que al quedar los terrenos baldíos y, por tanto, sin aprovechamiento económico, la operación no podía considerarse un incremento patrimonial sino la consecuencia de una decisión administrativa de obligado cumplimiento.

En las últimas semanas, inspectores de la Agencia Tributaria se han puesto en contacto con propietarios afectados para reclamar el pago de impuestos por ese incremento patrimonial, con los consiguientes recargos y multas.

El secretario general técnico de Asaja en Sevilla, Miguel Afán de Ribera (Sevilla), mostró ayer su extrañeza por la intervención de Hacienda ya que, aseguró, la asociación agraria tiene 'documentado' el compromiso de la Junta de evitar el pago de estos impuestos a, al menos, los propietarios que fueron representados por Asaja (el 80%). Fuentes de Agricultura aseguraron que hubo intentos de mediación ante el Gobierno central, pero negaron la existencia de un compromiso.