El 43% de las empresas investigadas por el Ministerio de Trabajo comete fraude en la contratación temporal
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha detectado fraude en el 42,8% de las empresas que ha investigado para comprobar cómo se realizan los contratos temporales. El Ministerio de Trabajo ha examinado en los últimos meses 3.122 empresas en las que se apreciaban indicios de fraude. Como resultado de las ilegalidades descubiertas, ha impuesto multas por valor de 78.000 euros (129,7 millones de pesetas) repartidas entre 1.338 infracciones contabilizadas. El número de empleados afectados asciende a 8.118.
Lo que Trabajo investiga principalmente es si entre el trabajador temporal y la...
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha detectado fraude en el 42,8% de las empresas que ha investigado para comprobar cómo se realizan los contratos temporales. El Ministerio de Trabajo ha examinado en los últimos meses 3.122 empresas en las que se apreciaban indicios de fraude. Como resultado de las ilegalidades descubiertas, ha impuesto multas por valor de 78.000 euros (129,7 millones de pesetas) repartidas entre 1.338 infracciones contabilizadas. El número de empleados afectados asciende a 8.118.
Lo que Trabajo investiga principalmente es si entre el trabajador temporal y la empresa existe una relación laboral estable que se enmascare con un contrato de duración determinada. Se ha vigilado especialmente el encadenamiento de contratos temporales a un mismo trabajador en un periodo inferior a dos años. Estas prácticas pueden dar lugar a una infracción laboral grave, contemplada en la Ley de infracciones y sanciones laborales de agosto de 2000.
La acción inspectora en la contratación ilegal comprende también el control del empleo ilegal de extranjeros. La Inspección ha descubierto hasta septiembre a 5.009 ciudadanos extranjeros empleados sin el correspondiente permiso, casi el doble de los encontrados en el mismo periodo de 2000. El importe de las sanciones impuestas a las empresas asciende a 26,08 millones de euros (4.339 millones de pesetas), una cantidad que supera en un 146,8% la impuesta en 2000.