'Comandos' terroristas se refugian en la triple frontera

El fiscal paraguayo contra delitos de narcotráfico y terrorismo, Carlos Cálcena Rojas, está convencido de que las últimas detenciones de implicados en la falsificación de visados y pasaportes son sólo la punta de una red de amplias proporciones. Esta red incluye a policías y funcionarios consulares y de migraciones que están facilitando los documentos para el ingreso ilegal en Paraguay de libaneses, coreanos y chinos. 'Con esos documentos pueden ir a cualquier parte del mundo a hacer quién sabe qué cosa', apunta el fiscal.

En la Embajada de Estados Unidos en Asunción reina una gran desc...

El fiscal paraguayo contra delitos de narcotráfico y terrorismo, Carlos Cálcena Rojas, está convencido de que las últimas detenciones de implicados en la falsificación de visados y pasaportes son sólo la punta de una red de amplias proporciones. Esta red incluye a policías y funcionarios consulares y de migraciones que están facilitando los documentos para el ingreso ilegal en Paraguay de libaneses, coreanos y chinos. 'Con esos documentos pueden ir a cualquier parte del mundo a hacer quién sabe qué cosa', apunta el fiscal.

En la Embajada de Estados Unidos en Asunción reina una gran desconfianza sobre la voluntad política de las autoridades paraguayas para poner fin a esta situación. 'Desde siempre se sabía que Paraguay era un centro de contrabando', señala el portavoz de la sede diplomática, Mark Davidson. 'En los últimos años han surgido dos nuevos problemas: el tráfico de drogas y el contrabando de visados y pasaportes falsos, que constituye una puerta abierta para el terrorismo'.

De momento hay una veintena de detenidos, cuatro juicios en curso y más de 50 casos de visados expedidos de forma irregular. El escándalo saltó a raíz de los atentados terroristas en Nueva York y Washington. La corrupción diplomática es el último capítulo de un cáncer que se extiende imparable por toda la Administración paraguaya. Consecuencia de la falta de recursos del servicio exterior y de la pésima gestión, algunos consulados se han convertido en oficinas de falsificación de documentos. Las tarifas varían según la nacionalidad del destinatario: 800 dólares (unas 150.000 pesetas) por visado a los coreanos, 900 dólares (167.000 pesetas) a los árabes, según datos del fiscal Cálcena.

Los juicios iniciados por supuesta producción de documento público falso involucran, entre otros, al ex cónsul en Miami Carlos Weiss y al vicecónsul José Luis Coscia. Según el ministro paraguayo de Asuntos Exteriores, José Antonio Moreno Ruffinelli, el ex cónsul Weiss entregó unos 150 visados irregulares, 18 de ellos a ciudadanos árabes, de los que tres son buscados por la justicia de Estados Unidos que los acusa de terrorismo.

También ha sido procesada la ex cónsul de la ciudad argentina de Salta, Juana Maidana de Villagra (en prisión provisional), la gestora Graciela Ortiz y el funcionario del ministerio del Interior Juan Lugo. Por su parte, el ex cónsul de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) Tomás López Caballero ha sido procesado por expedir en forma irregular visados a ciudadanos de Corea y Pakistán.

Muchos de los cónsules fueron nombrados a dedo para pagar favores políticos o de otro tipo. El caso más clamoroso de corrupción es el del destituido cónsul en Miami, Carlos Weiss, con vínculos con el oficialista Partido Colorado, que gobierna en Paraguay desde hace décadas.

Las últimas detenciones de libaneses en Ciudad del Este, en la llamada triple frontera (Paraguay-Brasil-Argentina), han permitido descubrir una nueva ruta del tráfico de visados, que tiene su origen en Panamá.

Uno de los arrestados, Mazen Alí Saleh, tenía un visado otorgado por el consulado paraguayo en aquel país centroamericano, a pesar de que el ministerio de Asuntos Exteriores de Paraguay asegura que dicho consulado no está habilitado para expedir visados de admisión de personas, sino que sólo funcionaba para cuestiones comerciales. Otro libanés, Saleh Mahmud Fayad, estaba indocumentado en el momento de la detención. El objetivo del operativo policial era Assad Ahmed Barakat, dueño del establecimiento donde trabajaban los dos detenidos, que está acusado de ser un alto jefe del ala militar de Hezbolá y de haber enviado elevadas sumas de dinero a Oriente Próximo.

Julio César Fanego, ministro del Interior de Paraguay, asegura que 'los servicios de inteligencia', sin especificar de qué países, seguían desde hacía tiempo los pasos de los últimos detenidos. 'Cuando se produjo lo de Nueva York se apresuró el procedimiento. Nosotros en Paraguay no tenemos ninguna información cierta ni prueba alguna de que haya algún ciudadano árabe extremista'. Tampoco tiene información de la presencia de agentes del FBI en territorio paraguayo operando como tales. 'Otra cosa es que estén de visita o sin identificarse', puntualiza Fanego.

La policía dice haber encontrado en poder de los detenidos vídeos y CD con imágenes de prácticas, entrenamientos y demostraciones de comandos operativos de la organización Al Mukawama, ala dura de Hezbolá. Asimismo, entre el material incautado hay, según la Comandancia de la Policía Nacional, 'varias tarjetas/sobre de pedidos de contribución de dinero para envío a una organización del Medio Oriente de nombre Al Shahid, dedicada a la protección de familiares de mártires y presos', y documentos de transferencias de divisas a Canadá, Chile, Estados Unidos y Líbano por más de 700.000 dólares (130 millones de pesetas). A petición de la embajada de Estados Unidos, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) rastrea 46 operaciones financieras sospechosas realizadas por ciudadanos árabes en Ciudad del Este, así como los datos de los titulares de las cuentas y de testaferros.

Los perseguidos se sienten víctimas de una caza de brujas, desatada después del 11 de septiembre y a instancias de las autoridades estadounidenses, contra la colectividad de origen árabe en la triple frontera. El libanés Samir Jebai, presidente de la Unión de Cámaras de Comercio de Ciudad del Este, cree que es necesario un mayor control policial y al mismo tiempo expresa los temores de los árabes: 'Tenemos claro que la comunidad está en peligro'.

Una reciente investigación de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) sostiene que cada semana entran ilegalmente a Paraguay, a través del aeropuerto de Ciudad del Este, 16 extranjeros. Para ello se exige el pago previo de 5.000 dólares (925.000 pesetas) de soborno al funcionario de turno. De acuerdo a estas cifras, más de 570 personas ingresan cada año en territorio paraguayo sin documentación en regla.