El Gobierno quiere imponer a las autonomías un plan de pensiones para los funcionarios

El Gobierno trata de imponer una modificación sustancial en el sistema retributivo de los funcionarios a través de la Ley de Presupuestos que ya cuenta con la oposición de numerosas autonomías. El rechazo se materializó en el encuentro que el viernes mantuvieron el secretario de Estado de Administración Pública, Ignacio González, y la directora general de la Función Pública, Carmen Román, con los responsables de las 17 autonomías. Una mayoría de éstos alegaron que un cambio sustancial en el esquema retributivo, como la imposición de un plan de pensiones, debe negociarse con las autonomías.
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El Gobierno trata de imponer una modificación sustancial en el sistema retributivo de los funcionarios a través de la Ley de Presupuestos que ya cuenta con la oposición de numerosas autonomías. El rechazo se materializó en el encuentro que el viernes mantuvieron el secretario de Estado de Administración Pública, Ignacio González, y la directora general de la Función Pública, Carmen Román, con los responsables de las 17 autonomías. Una mayoría de éstos alegaron que un cambio sustancial en el esquema retributivo, como la imposición de un plan de pensiones, debe negociarse con las autonomías.

El Gobierno calculó que la reunión informativa a la que había convocado a los representantes de la Función Pública de las 17 comunidades autónomas para explicarles los cambios presupuestarios iba a resultar un paseo. Pero acabó como el rosario de la aurora. La directora general de la Función Pública confirmó a los representantes autonómicos la subida del 2% del sueldo de los funcionarios para 2002 así como un 0,5% 'no consolidable y variable, en función del cumplimiento de objetivos' y otro 0,5% para dotarles de un plan de pensiones, que se traduce en unos 45.000 millones de pesetas. Esta propuesta se incorporará a la Ley de Presupuestos que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este fin de semana.

La introducción del plan de pensiones encontró una respuesta áspera en numerosos representantes autonómicos, que argumentaron que 'un cambio sustancial en el sistema retributivo requiere una negociación previa y no una imposición del Gobierno central'. Alegaron que así debe ser con una norma que no sólo afectará a los funcionarios de la Administración central sino que se extenderá a los autonómicos y municipales por el contenido de la ley o por su 'efecto cascada'.

Los representantes de las comunidades pidieron al Gobierno central que demorase un año la decisión para negociarla y recordaron que, en la reunión celebrada en Sevilla por la Comisión de Coordinación el pasado 17 de noviembre, ambas partes acordaron que el Ejecutivo discutiría previamente con las autonomías 'cualquier cuestión que afectase a la esencia del sistema de la Función Pública'.

De los 2.200.000 funcionarios existentes en España, el 67% (1.520.000) pertenece a las administraciones autonómicas y municipales, y sólo el 33% (680.000), a la central. Según asistentes a la reunión, sólo las comunidades de Castilla y León, La Rioja y Comunidad Valenciana, gobernadas por el PP, dieron su asentimiento a la propuesta. El malestar entre las autonomías del PSOE provocó que, con la excepción del representante de Castilla-La Mancha, se ausentaran del almuerzo que celebraron posteriormente los asistentes a la reunión.

El secretario de Estado de la Administración Pública y la directora general de la Función Pública alegaron que los cambios presupuestarios son competencia del Gobierno y, concretamente, del Ministerio de Hacienda. '¿Cuándo el Gobierno ha negociado la Ley de Presupuestos con las autonomías?', ratificaba ayer Ignacio González, quien aseguró que las autonomías estaban informadas desde enero de los cambios en el sistema retributivo.

El portavoz del PSOE, en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, Ángel Martínez Sanjuán, replicó: 'El Gobierno del PP no parece haberse enterado de que estamos en un Estado de las autonomías'.