El Gobierno abrirá una inspección a las academias de enseñanza privadas

La Dirección de Consumo del Gobierno vasco está preparando una campaña de inspección de los centros de enseñanza no reglada dada la sucesión de quejas que ha recibido de los ciudadanos. El comienzo de curso hace que este tipo de academias, como las de idiomas o informática, aumenten de una manera considerable su negocio. Sin embargo, las quejas contra estos centros han proliferado, sobre todo por la falta de claridad en el sistema de pago, las deficiencias en la prestación del servicio y los títulos que ofrecen, que en ocasiones inducen a error al usuario sobre su validez académica y profesion...

La Dirección de Consumo del Gobierno vasco está preparando una campaña de inspección de los centros de enseñanza no reglada dada la sucesión de quejas que ha recibido de los ciudadanos. El comienzo de curso hace que este tipo de academias, como las de idiomas o informática, aumenten de una manera considerable su negocio. Sin embargo, las quejas contra estos centros han proliferado, sobre todo por la falta de claridad en el sistema de pago, las deficiencias en la prestación del servicio y los títulos que ofrecen, que en ocasiones inducen a error al usuario sobre su validez académica y profesional. El Ejecutivo considera que muchos centros imponen condiciones abusivas a sus clientes.

En septiembre comienzan el curso los pequeños y los mayores. La oferta de apoyo para estudiantes, las actividades extraescolares, ha hecho que proliferen el número de centros de formación no reglada. Pero no son sólo los más pequeños los que acuden a academias privadas, sino también los adultos, que ven que el mercado les obliga a adaptar sus conocimientos. Consumo iniciará una campaña de control a finales de este mes o comienzos del próximo.

Según explica el director de Consumo, Rodrigo García Azurmendi, la falta de transparencia en la información. En algunos casos, la imposición de condiciones ilícitas y cláusulas abusivas obliga al Gobierno a un control de mercado en el que los inspectores van a revisar la información al público, los folletos informativos, el propio contrato a entregar al cliente (que debe aclarar todo lo referente a precios, compromisos de pago y sistema de financiación), las características de los diplomas que se ofrecen y las facturas que se emiten.

174 reclamaciones

La Dirección de Consumo ha recibido en lo que va de año 174 reclamaciones por el mal funcionamiento de academias de idiomas, música, informática y centros de educación a distancia que preparan oposiciones o estudios profesionales que no son académicos, entre otros establecimientos. De estas protestas, 17 proceden de Álava, 70 de Vizcaya y 87 de Guipúzcoa. García Azurmendi indicó a EL PAÍS que 69 reclamaciones del total se resolverán a través de la vía arbitral, es decir, por medio de un sistema extrajudicial que sirve para resolver los desacuerdos que puedan surgir entre consumidores y vendedores.

Un 55% de las quejas se debe a falta de información o información encubierta, tanto en la publicidad como en los propios contratos que se formalizan con los usuarios. La falta de información está relacionada, sobre todo, con el sistema de pago, que en mucho casos es a través de una entidad financiera. En la actualidad, está proliferando esta modalidad, que consiste en que la academia ofrece al cliente la posibilidad de pagar el curso solicitando un crédito a una entidad financiera con la que previamente ha llegado a un acuerdo.

Según el director de Consumo, 'lo habitual es pagar el importe global a la academia, pero para darte la facilidad de no desembolsar el dinero de golpe te hablan de su financiera.' 'Sin embargo, en muchos casos no existe una entrega documental del contrato de crédito suscrito con la financiera, por lo que el usuario lo desconoce. Luego se da el problema de que si la academia cierra, hay que seguir pagando a la financiera, como ha ocurrido y ha provocado numerosas reclamaciones', indica. También es motivo de reclamación la publicidad engañosa, porque los cursos no se ajustan a la información de los folletos ni a la que se ofrece en los medios de comunicación.

Otro 26% de las quejas se refiere a deficiencias en la prestación de servicios e incumplimientos de contrato. Sobre los títulos prometidos también hay reclamaciones. Muchos de los centros pueden tener autorización del Departamento de Educación para funcionar porque simultanean la impartición de enseñanza reglada con otra que no lo es. Azurmendi advierte de que, a veces, la publicidad señala genéricamente que el centro está autorizado y el ciudadano cree que es para todas las enseñanzas, cuando no resulta así. En ese caso, una parte de los diplomas que ofrecen no tienen validez académica.

En el caso de que las denuncias afecten a una academia con sede en otra comunidad, el Gobierno avisa a esa autonomía para que actúe. Si el centro se halla en Euskadi, lo primero que hace la Dirección de Consumo cuando aprecia un incumplimiento es requerir a la academia para que subsane la deficiencia y si persiste la irregularidad, inicia un expediente.