CC OO involucra a Bruselas en el conflicto de los profesores de religión

El camino para evitar despidos de profesores por motivos como casarse por lo civil o irse de copas con amigos también pasa por Bruselas, según la abogada Carmen Perona, de Comisiones Obreras. Este sindicato recurrirá a una directiva comunitaria para obligar a España a revisar el convenio bilateral en el que los obispos basan sus actuaciones. La Generalitat de Cataluña se mostró ayer partidaria de la revisión de esos acuerdos.

Carmen Perona ya ganó al Gobierno de Aznar una demanda de gran impacto social: contra la congelación de los salarios de los funcionarios, acordada por el Ejecutivo...

El camino para evitar despidos de profesores por motivos como casarse por lo civil o irse de copas con amigos también pasa por Bruselas, según la abogada Carmen Perona, de Comisiones Obreras. Este sindicato recurrirá a una directiva comunitaria para obligar a España a revisar el convenio bilateral en el que los obispos basan sus actuaciones. La Generalitat de Cataluña se mostró ayer partidaria de la revisión de esos acuerdos.

Carmen Perona ya ganó al Gobierno de Aznar una demanda de gran impacto social: contra la congelación de los salarios de los funcionarios, acordada por el Ejecutivo en 1977. Ayer, esta letrada de Comisiones Obreras compareció ante los periodistas para explicar por qué este sindicato denunicará ante la Comisión Europea (CE) los acuerdos firmados por España y la Iglesia católica en 1979 y el convenio sobre contratación de profesores de religión de 1999, reclamando que sean anulados o que desde Bruselas se inste al Ejecutivo español a revisarlos. El anuncio de este recurso lo hizo el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano.

La directiva europea 2000/78, sobre 'Establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación', prohíbe cualquier discriminación, directa o indirecta, por motivos de religión, convicciones u orientación sexual por suponer un menoscabo en la calidad de vida, la cohesión económica, la solidaridad y la libre circulación de las personas. Además, esa directiva expresa que los Gobiernos deberán informar a la Comisión sobre las diferencias de trato que se pueden dar 'en muy contadas circunstancias', algo que el Ejecutivo español no ha hecho en este caso, ni cuando se firmaron los convenios ni ahora que se han producido los despidos de profesoras de religión católica en las diócesis de Almería, Málaga y Canarias por motivos de índole privada. El Gobierno tampoco ha argumentado ante Bruselas la situación 'anómala' de esos trabajadores y trabajadoras, añade Comisiones Obreras.

Protección jurídica

La letrada Carmen Perona explicó ayer que la norma comunitaria a la que recurre Comisones Obreras en defensa de los docentes despedidos por el episcopado en algunas diócesis exige que estas personas dispongan de medios de protección jurídica adecuados [la Junta de Andalucía reiteró ayer que se personará en todas las causas que emprendan los profesores despedidos en su comunidad autónoma].

Los dirigentes de CC OO señalaron también que han decidido recurrir a Bruselas 'porque contra la legislación nacional poco se puede hacer', toda vez que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han declarado legales los convenios Iglesia-Estado, y además el Ministerio de Educación ha demostrado 'que no tiene voluntad política' para revisar el acuerdo. Lezcano subrayó, en consecuencia, que la Comisión Europea 'no puede consentir' que un Estado miembro que se declara aconfesional permita en el siglo XXI una situación por la que la Iglesia selecciona y despide a su antojo a unos trabajadores que paga el erario público.

Fernando Lezcano se reunió el pasado jueves en Almería con la profesora Resurrección Galera, despedida por casarse por lo civil, y le transmitió su apoyo a esta apelación a la directiva comunitaria. Según Lezcano, además de los despidos de profesoras de religión en Málaga, Almería y Canarias, hay otro caso en Extremadura de un docente despedido con el argumento de que no vive en la misma localidad donde imparte clase. Por la revisión de estos acuerdos bilaterales se pronunció también la Generalitat de Cataluña por medio de su consejera de Enseñanza, Carme-Laura Gil. Después de afirmar que no se tendrían que haber producido despidos de profesores de religión por su vida personal, la consejera Gil dijo que esa revisión de los convenios con la Santa Sede debe plantearse 'con serenidad', declaró a Efe. 'En el momento oportuno debe ser posible hablar y revisar con serenidad' estos acuerdos, dijo. La consejera de Educación del Gobierno catalán subrayó, no obstante, que estos acuerdos son 'entre Estado y Estado', es decir, entre España y el Vaticano, y cualquier cambio requiere tiempo. Gil también dijo que en Cataluña no se ha producido ningún caso de este tipo.

La posición del Gobierno catalán fue adelantada la semana pasada en el Congreso de los Diputados por Ignasi Guardans, portavoz de CiU para asuntos educativos, cuando el PSOE presentó una iniciativa parlamentaria proponiendo esa revisión como urgente.