SOS Racismo presentará una denuncia por el cierre del registro de Aragón dos días

La ONG SOS Racismo anunció ayer en Zaragoza la presentación de una demanda ante los tribunales contra la Delegación del Gobierno en Aragón, que mantuvo cerrado durante todo el lunes y medio día del martes el registro general a todos los inmigrantes que apuraban los dos últimos días para intentar regularizar su situación ante la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Extranjería. Uno de los abogados de SOS Racismo, Alfredo Herranz, aseguró que el cierre discriminado de un registro a un determinado colectivo de ciudadanos 'vulnera el artículo 23 de la Ley de Extranjería y atenta contra los...

La ONG SOS Racismo anunció ayer en Zaragoza la presentación de una demanda ante los tribunales contra la Delegación del Gobierno en Aragón, que mantuvo cerrado durante todo el lunes y medio día del martes el registro general a todos los inmigrantes que apuraban los dos últimos días para intentar regularizar su situación ante la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Extranjería. Uno de los abogados de SOS Racismo, Alfredo Herranz, aseguró que el cierre discriminado de un registro a un determinado colectivo de ciudadanos 'vulnera el artículo 23 de la Ley de Extranjería y atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos'. La demanda se interpondrá ante la persona o personas que dieron una orden que supone para esta ONG un supuesto delito de prevaricación, un atentado a los derechos fundamentales y las libertades públicas, una vejación de derechos individuales y un delito de coacción. El registro se mantuvo abierto para el resto de las gestiones que hacían otros ciudadanos.

La orden de cerrar la ventanilla a los inmigrantes que intentaban presentar los papeles la recibieron los funcionarios, según la abogada Katrina Belsué , el mismo lunes. 'El guardia civil de la puerta negaba la entrada a todo el que iba a presentar los papeles y los remitía al cuartel del Cuerpo Nacional de Policía de General Mayandía, donde los funcionarios se vieron desbordados por la avalancha de inmigrantes'. Fue la propia Belsué la que comprobó como se negaba el registro a estas personas cuando fue a entregar la documentación de varios de ellos. Se le negó la entrada y ante su protesta pudo formalizar la gestión y escuchar atónita que 'la medida se había adoptado porque se estaban vendiendo pasaportes falsos en la puerta y la forma de controlar su autenticidad era remitirlos directamente al cuartel de la policía'. Belsué se seguía preguntando ayer cómo era posible que se estuviese cometiendo un delito ante los ojos de las fuerzas de seguridad y no se actuase deteniendo a los supuestos culpables.

El subdelegado, de vacaciones

La denuncia que se interpondrá ante la vía penal obedece, según Alfredo Herranz, al compromiso que la organización tiene con los inmigrantes y con la sociedad española. En la Delegación del Gobierno se insistía ayer en que el subdelegado, José María Fernández-Miranda, acababa de regresar de vacaciones. De hecho llamó de forma urgente a SOS para mantener una entrevista a ultima hora de ayer.

Por otra parte, la dirección de Iniciativa per Catalunya-Verds calificó como 'vejatorio y humillante' el trato dispensado a los inmigrantes que trataban de presentar los papeles para la regularización en Barcelona. El portavoz de IC-V, Joan Herrera, criticó la 'falta de previsión' de la Subdelegación del Gobierno en Cataluña y consideró 'inadmisible' que la policía no estuviera preparada para evitar las escenas de tensión que se vivieron.