120 millones a una ATS que contrajo sida y hepatitis C
Dolores R.N. tenía 21 años y estudiaba Enfermería en Valencia. Cumplía con las prácticas y la enviaron a extraer sangre a una paciente en el Hospital Clínico. Dolores pinchó a la enferma y cuando la operación ya había terminado hizo un movimiento brusco y se pinchó ella. Debido a ese incidente se contagió de sida y hepatitis C.
Nadie advirtió a Dolores de las patologías que sufría la paciente y, en consecuencia, de las precauciones que debía tomar. Ahora, casada y con una hija, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano le admite un recurso y establece que debe ser indemnizada co...
Dolores R.N. tenía 21 años y estudiaba Enfermería en Valencia. Cumplía con las prácticas y la enviaron a extraer sangre a una paciente en el Hospital Clínico. Dolores pinchó a la enferma y cuando la operación ya había terminado hizo un movimiento brusco y se pinchó ella. Debido a ese incidente se contagió de sida y hepatitis C.
Nadie advirtió a Dolores de las patologías que sufría la paciente y, en consecuencia, de las precauciones que debía tomar. Ahora, casada y con una hija, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano le admite un recurso y establece que debe ser indemnizada con 120 millones de pesetas y no con los 53 millones que había considerado en una resolución de 23 de febrero de 1998 el rector de la Universidad de Valencia.
El TSJ valora en la sentencia el tiempo que ha transcurrido, la invalidez absoluta para todo tipo de trabajo que le fue declarada por la Seguridad Social a consecuencia de ambas enfermedades, el carácter crónico de las mismas y entiende que la indemnización debe tener un carácter de reparación integral. En su argumentación, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ repasa la jurisprudencia existente y atiende a un principio expresamente señalado en una de 23 de noviembre de 1993 del Tribunal Supremo: 'Se carece de parámetros o módulos objetivos'.
La sentencia del TSJ establece los 120 millones, y no los 124 que reclamaba la afectada, y considera como responsables tanto a la Universidad de Valencia como a la Consejería de Sanidad por el anormal funcionamiento de los servicios públicos.