Absuelven a la cúpula de la Confederación del Comercio
La Audiencia de Barcelona ha absuelto a la cúpula de la Confederación del Comercio de Cataluña (CCC), la principal organización de la patronal del pequeño y mediano comercio catalán, pese a detectar irregularidades contables en cursos y jornadas organizadas para gremios.
La Sección Novena de la Audiencia de Barcelona exculpa del delito fiscal imputado al presidente de la CCC, Pere Llorens, y a su secretario general, Miquel Àngel Fraile, para quienes el fiscal pidió hasta cuatro años de prisión y multas por importe de 168 millones. Estaban acusados de desviar ayudas públicas para benefic...
La Audiencia de Barcelona ha absuelto a la cúpula de la Confederación del Comercio de Cataluña (CCC), la principal organización de la patronal del pequeño y mediano comercio catalán, pese a detectar irregularidades contables en cursos y jornadas organizadas para gremios.
La Sección Novena de la Audiencia de Barcelona exculpa del delito fiscal imputado al presidente de la CCC, Pere Llorens, y a su secretario general, Miquel Àngel Fraile, para quienes el fiscal pidió hasta cuatro años de prisión y multas por importe de 168 millones. Estaban acusados de desviar ayudas públicas para beneficiar a unos gremios en detrimento de otros, entre 1988 y 1992.
También han sido absueltos de los mismos cargos un vocal de la CCC y del Consejo de Gremios y Servicios de Cataluña y secretario del gremio textil y de sastrería de Barcelona, el secretario del gremio de comerciantes de electrodomésticos y el asesor jurídico de la CCC.
La causa se abrió en 1993 después de que el Gremio de Comerciantes de Droguería de Barcelona denunciase que la CCC había recibido 10 millones de subvención de la Consejería de Comercio sin destinarla a los gremios.
La denuncia se centraba en tres operaciones: la informatización de los gremios, los viajes de miembros de la CCC a distintos lugares de la UE y la realización de cursos y jornadas de trabajo para los gremios.
En el proceso de informatización de los gremios participaron dos empresas, Gatec y Sinac, compuestas por algunos de los acusados. Para ello, la CCC consiguió de la Generalitat subvenciones de 10 millones anuales entre 1988 y 1992, y, según la sentencia, no consta acreditado desvío alguno de las subvenciones.