Gallegos centenarios

A cinco meses de las elecciones autonómicas gallegas, los partidos de la oposición han pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que investigue el posible uso fraudulento del censo de residentes en el extranjero. La desconfianza de nacionalistas y socialistas está justificada porque existen evidencias de que ese censo contiene numerosos errores y porque no hay garantías que impidan el que otras personas aprovechen esa circunstancia para votar en lugar de fallecidos o residentes en poblaciones distintas a aquellas en las que están censados. A ello podría añadirse la existencia de antecedentes d...

A cinco meses de las elecciones autonómicas gallegas, los partidos de la oposición han pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que investigue el posible uso fraudulento del censo de residentes en el extranjero. La desconfianza de nacionalistas y socialistas está justificada porque existen evidencias de que ese censo contiene numerosos errores y porque no hay garantías que impidan el que otras personas aprovechen esa circunstancia para votar en lugar de fallecidos o residentes en poblaciones distintas a aquellas en las que están censados. A ello podría añadirse la existencia de antecedentes de supuesta utilización fraudulenta por parte del PP del censo de inmigrantes: un tribunal investiga en Formentera la supuesta compra de votos de residentes en el extranjero.

Actualmente hay 269.000 gallegos con derecho a voto residentes en el extranjero; es decir, casi el 15% del censo total. En 1993 apenas superaban los 100.000, lo que significa que ha habido interés en actualizar el registro correspondiente. Tal vez demasiado interés. Era estadísticamente imposible que en Buenos Aires hubiera más gallegos centenarios que en toda Galicia. El censo de La Habana o Montevideo registra igualmente un índice de longevidad extravagante. La única explicación racional era que numerosas personas fallecidas seguían figurando en el censo.

La prueba de que la denuncia tenía fundamento es que ayer mismo el Consulado General de Buenos Aires redujo la lista de gallegos centenarios residentes en esa ciudad, de 473, a sólo 18. Los demás, como cabía suponer, habían fallecido.

El segundo problema es la falta de garantías del voto por correo. Desde la reforma de la Ley Electoral, en 1995, todas las personas inscritas en el censo de residentes ausentes reciben, lo soliciten o no, la documentación y papeletas para votar. Pero en las oficinas postales de los países de residencia no se pide -pues no dependen de la Administración española- la acreditación de identidad de quien envía su voto por correo. En teoría, cualquier otra persona podría votar utilizando la documentación enviada de oficio a esos residentes (incluidos los fallecidos no dados de baja). El riesgo mayor de manipulación reside en los envíos colectivos. Y el antecedente de Baleares indica las posibilidades de decidir una elección utilizando la opacidad del voto por correo de residentes en el extranjero.