El primer dictamen del CES, en saco roto

'Estoy convencida de que no va a pasar, sobre todo en aquellos casos en los que los informes tengan un respaldo muy mayoritario'. La presidenta del Consejo Económico y Social, Rosamar Prieto, aludía así en una entrevista publicada en noviembre a la posibilidad de que la Junta no hiciera caso de las recomendaciones de este órgano consultivo que sólo funciona desde hace año y medio.

Pues bien, el primer dictamen del CES sobre una norma autonómica (el proyecto de ley de Pesca), acordado por unanimidad por sindicatos, empresarios, ecologistas, asociaciones de consumidores y agrarias ha sido...

'Estoy convencida de que no va a pasar, sobre todo en aquellos casos en los que los informes tengan un respaldo muy mayoritario'. La presidenta del Consejo Económico y Social, Rosamar Prieto, aludía así en una entrevista publicada en noviembre a la posibilidad de que la Junta no hiciera caso de las recomendaciones de este órgano consultivo que sólo funciona desde hace año y medio.

Pues bien, el primer dictamen del CES sobre una norma autonómica (el proyecto de ley de Pesca), acordado por unanimidad por sindicatos, empresarios, ecologistas, asociaciones de consumidores y agrarias ha sido casi absolutamente ignorado por el Ejecutivo autonómico en el texto que remitió este lunes al Parlamento andaluz.

En su dictamen, elaborado en noviembre, el CES destacaba que el proyecto de ley incluía 'numerosas medidas de intervención administrativa' y recomendaba que el articulado estableciera 'medidas indemnizatorias' para compensar los 'derechos preexistentes' de los particulares afectados. La principal objeción del CES hacía referencia a los efectos de las nuevas figuras de protección que pretende aplicar la Consejería de Agricultura y Pesca: las zonas marítimas protegidas, la declaración de especies autorizadas y los sistemas de cultivos permitidos en la acuicultura y las zonas de interés para cultivos marinos.

El proyecto de ley de Pesca no recoge ninguna alusión a indemnizaciones. 'No tienen fundamento jurídico porque en estos casos no hablamos de concesiones o derechos, el mar es de uso público sobre el que la Administración regula su aprovechamiento' , justifica la directora general de Pesca, María Dolores Atienza, quien recalca que las recomendaciones del CES también fueron analizadas por técnicos de los servicios jurídicos de la Junta.

'¿Cómo se acredita si alguien tiene un derecho sobre una parte del mar?', se pregunta Atienza, que mantiene que 'nadie se puede entender perjudicado' por las figuras de protección que se establecen en el proyecto de ley.

La norma diseñada por la consejería tampoco prevé la elaboración próxima de una ley para el desarrollo de la acuicultura -'un decreto será suficiente', asegura la directora general de Pesca-, ni un plazo para la elaboración del reglamento de la ley ni muchas otras recomendaciones del CES sobre la participación de los agentes sociales ni sobre la limitación de los trámites burocráticos para conceder licencias de pesca o de construcción de barcos.