Zapatero avala al presidente de Baleares para imponer la 'ecotasa' a los turistas

La dirección socialista argumenta su visto bueno por creer en la corresponsabilidad fiscal o, en su defecto, en la capacidad de los presidentes autonómicos a establecer sus propios impuestos. La ejecutiva precisa que apoya 'el principio', aunque al ser proyectos elaborados por los Gobiernos respectivos no entra a valorar si son o no constitucionales. El PP pidió ayer al líder del PSOE 'un solo discurso' para toda España.

La apuesta de la dirección socialista por apoyar las decisiones de sus presidentes autonómicos se afianza ante el criterio de Zapatero de que los responsables de comuni...

La dirección socialista argumenta su visto bueno por creer en la corresponsabilidad fiscal o, en su defecto, en la capacidad de los presidentes autonómicos a establecer sus propios impuestos. La ejecutiva precisa que apoya 'el principio', aunque al ser proyectos elaborados por los Gobiernos respectivos no entra a valorar si son o no constitucionales. El PP pidió ayer al líder del PSOE 'un solo discurso' para toda España.

La apuesta de la dirección socialista por apoyar las decisiones de sus presidentes autonómicos se afianza ante el criterio de Zapatero de que los responsables de comunidades autónomas deben ejercer su facultad de incluir impuestos en beneficio de los intereses generales de su región. El responsable del Gobierno balear, Francesc Antich, ha mantenido informado al secretario general del PSOE de la creación de la ecotasa y ha mantenido reuniones de trabajo con el responsable de economía de la ejecutiva, Jordi Sevilla, que ha realizado algunas sugerencias sobre la regulación del nuevo impuesto.

En la dirección del PSOE se reconoce que en sentido estricto no puede inscribirse este impuesto y en el que trabaja Rodríguez Ibarra en el principio de corresponsabilidad fiscal, ya que estas tasas nada tienen que ver con el IRPF. Es más, las principales críticas del PP vienen por el hecho de que los Ejecutivos autonómicos socialistas no quieren 'molestar' a sus ciudadanos con nuevos impuestos sino que crean otras figuras impositivas para 'terceros': los turistas en el caso de Baleares y los bancos en el extremeño. Sevilla argumenta que 'criticar esto es un contrasentido porque el Gobierno sabe que la capacidad normativa de las comunidades autónomas sólo se inscribe en el impuesto de la renta, por lo que es razonable que los gobernantes busquen otras fórmulas para generar recursos que redunden en la mayoría'.

En la dirección del PSOE, sin embargo, no se entra en declarar la constitucionalidad o no de las normas que quieren aprobar sus presidentes autonómicos dado que los proyectos han sido elaborados por sus respectivos equipos y no por la dirección federal, aunque haya estado informada.

'Coherencia'

Las críticas del PP no han causado mucha mella en la ejecutiva. El portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, pidió ayer a Zapatero 'coherencia', porque ante su proclama de que 'bajar los impuestos es de izquierdas', sus presidentes autonómicos los suben.

La ejecutiva recuerda que estos impuestos no gravan a los ciudadanos de esas comunidades. Pero Martínez Pujalte, en nombre del PP, vuelve a pedir al líder del PSOE 'un discurso único para toda España'.

En este terreno es en el que Zapatero quiere convencer de que esas actuaciones autónomas tienen todo su apoyo y que es cuestión de tiempo el que se asuma con todas las consecuencias 'la España de las Autonomías'.

En el terreno impositivo se observa un discurso lineal desde que Rodríguez Zapatero alcanzó la secretaría general del PSOE con su defensa de que los presidentes autonómicos son los interlocutores adecuados para negociar con el Gobierno central el nuevo modelo de financiación autonómica, aunque en coordinación con la ejecutiva federal.

Esta convicción de Zapatero no alcanza, sin embargo, a todos los asuntos y, aunque se ha tratado de quitar hierro, sí hubo malestar en la ejecutiva por el anuncio de algunos presidentes autonómicos de presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería cuando todavía se estaba intentando negociar con el Gobierno.