Los ecologistas se quejarán ante el CGPJ por la instrucción 'poco ecuánime' del 'caso Aznalcóllar'

La juez Celia Belhadj-Ben dictó el pasado 22 de diciembre el auto de archivo, que cierra la vía penal salvo que prosperen los recursos contra la medida, con el argumento de que ninguna empresa había cometido imprudencias graves en el recrecimiento, construcción o gestión de almacenamiento de la balsa. El representante de la SEO, Francisco Romero, criticó ayer que la magistrada hubiera omitido 'las referencias al delito ecológico' y rechazado pruebas, entre ellas informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Tanto la SEO como Ecologistas en Acción, que están person...

La juez Celia Belhadj-Ben dictó el pasado 22 de diciembre el auto de archivo, que cierra la vía penal salvo que prosperen los recursos contra la medida, con el argumento de que ninguna empresa había cometido imprudencias graves en el recrecimiento, construcción o gestión de almacenamiento de la balsa. El representante de la SEO, Francisco Romero, criticó ayer que la magistrada hubiera omitido 'las referencias al delito ecológico' y rechazado pruebas, entre ellas informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Tanto la SEO como Ecologistas en Acción, que están personadas en el caso, han presentado ya sendos recursos de reforma en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor contra el auto de archivo de la juez. Representantes de ambas organizaciones, junto a miembros de WWW-Adena y Greenpeace, explicaron ayer en Sevilla que presentarán una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la instrucción de Celia Belhadj-Ben, al considerar que 'no ha sido ecuánime', según Francisco Romero.

El coordinador de Ecologistas en Acción en Andalucía, Juan Clavero, fue incluso más duro al tildar de 'negligente' la decisión de archivar la causa. 'La juez no ha seguido toda la instrucción del caso con la responsabilidad que debe tener' dijo Clavero, informa Europa Press. Los grupos ecologistas están dispuestos a seguir batallando para impedir que se cierre la vía penal en el proceso del vertido tóxico. Además de los recursos interpuestos, ayer anunciaron que pedirán al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, que obligue a recurrir el archivo de las diligencias previas al fiscal del caso, Arcadio Martínez. 'Queremos que exijan pruebas y tomen parte activa', señaló Francisco Romero.

Con esta misma finalidad, las cuatro asociaciones conservacionistas pedirán al presidente del Patronato de Doñana, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, que inste a la Fiscalía a recurrir el archivo del auto. Contra la decisión de la juez se han presentado, hasta el momento, tres recursos de reforma, interpuestos por la SEO, Ecologistas en Acción y la Junta de Andalucía.

El Ministerio de Medio Ambiente, que también anunció su decisión de recurrir el auto judicial, recibió la notificación oficial del mismo el pasado martes y dispone de tres días de plazo para presentarlo. La fiscalía, según fuentes judiciales, todavía no ha tomado una decisión en firme sobre el archivo.

Los tres recursos interpuestos hasta el momento coinciden en que no se ha investigado lo suficiente el almacenamiento de agua en la balsa rota, a pesar de que sólo debería haber albergado residuos sólidos. 'De no estar embalsados 5,5 millones de metros cúbicos de agua aunque se hubiera roto el dique, los residuos sólidos, que es lo que tenía que haber, podrían haber servido de tapón sin causar desastre', recoge el recurso presentado por la abogada de la SEO, Ángeles López.

La SEO hace hincapié en la importancia del vertido que, según sus estimaciones, afectó a más de 10.000 hectáreas de terreno y a 45 kilómetros del cauce del río Guadiamar, además de zonas del Parque Natural de Doñana 'e incluso del Parque Nacional'. En su recurso, los representantes de Ecologistas en Acción justifican que la 'responsabilidad' de Boliden Apirsa está determinada por la existencia de filtraciones anteriores a la rotura, que derivaron incluso en un expediente sancionador de la Consejería de Medio Ambiente. 'Existió conocimiento del riesgo por parte de la propiedad sin que se tomaran medidas al respecto', sostiene el texto para argumentar que existe 'dolo eventual', una de las razones que determina la existencia de delito.