El Gobierno busca fórmulas para enjugar los 800.000 millones de la deuda de RTVE

La falta de un modelo de financiación estable en Radiotelevisión Española disparará a finales del próximo año su deuda hasta los 800.000 millones de pesetas. Antes de que el endeudamiento continúe engordando, el Gobierno estudia fórmulas para atajar la crítica situación económica por la que atraviesa el grupo de comunicación. Una de las opciones es convertir el actual Ente Público en empresa pública y así facilitar su adscripción a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Ministerio de Hacienda tomaría así el control de la gestión.

El Gobierno no tiene todavía deci...

La falta de un modelo de financiación estable en Radiotelevisión Española disparará a finales del próximo año su deuda hasta los 800.000 millones de pesetas. Antes de que el endeudamiento continúe engordando, el Gobierno estudia fórmulas para atajar la crítica situación económica por la que atraviesa el grupo de comunicación. Una de las opciones es convertir el actual Ente Público en empresa pública y así facilitar su adscripción a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Ministerio de Hacienda tomaría así el control de la gestión.

Crece la deuda financiera

El Gobierno no tiene todavía decidida la fórmula que utilizará para enjugar la gigantesca deuda de RTVE, que a finales del próximo ejercicio se situará en 795.206 millones de pesetas, según el anteproyecto de presupuesto aprobado ayer por el Consejo de Administración del ente público.Una de las posibilidades pasa por transferir el grupo de comunicación a la SEPI. El Gobierno intentó hace pocos meses llevar a cabo esta opción a través de un real decreto. Pero el Consejo de Estado dictaminó a finales de julio pasado que tal alternativa planteaba problemas de inconstitucionalidad.

El Ejecutivo pretendía dejar en manos de la SEPI (organismo que depende del Ministerio de Hacienda) el control de la gestión financiera del ente público, y mantener en Presidencia la "dependencia funcional". El Consejo de Estado entendió entonces que el traspaso de RTVE a la SEPI debería producirse mediante una norma con rango de ley y no de decreto ley. Para allanar el camino, el Gobierno planea ahora utilizar la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. Fuentes jurídicas consideran que una de las cuestiones clave es "saber si la Ley de Acompañamiento tiene rango suficiente" para alterar el Estatuto de RTVE.

Cualquier intento por trasvasar el grupo estatal a la SEPI debería pasar, según fuentes de Hacienda, por una modificación de dicho Estatuto. También sería necesario que cambiara su actual consideración jurídica (ente público) para convertirse en empresa pública. Una vez enjugada la deuda mediante un contundente plan de choque, el Gobierno se plantea separar la actividad comercial del ente (que quedaría en manos de Hacienda) de la administración del servicio público.

Durante la reunión del Consejo de Administración, el director general de RTVE, Javier González Ferrari, sacó adelante con comodidad el anteproyecto de presupuestos para 2001, pese a que para su aprobación se exige una mayoría de dos tercios. El documento fue ratificado por nueve votos a favor (PP, CiU, Coalición Canaria y el propio director general) y cuatro en contra (PSOE).

Pero el máximo responsable de RTVE no despejó la incógnita sobre el futuro del ente público. El consejero Gerardo Conde, propuesto por el PP, tampoco aclaró el panorama. "Tengo constancia", dijo, "de que se está estudiando una solución a la deuda histórica que permitirá una financiación estable, pero no conozco las soluciones concretas desde el punto de vista económico o jurídico". Añadió que el actual equipo directivo ha optado por mantener la misma subvención que en el año 2000 "porque está pendiente de una solución definitiva".

El consejero socialista Miguel Ángel Sacaluga expresó sus dudas sobre "la legalidad" del traspaso de RTVE a la SEPI. "Da la impresión de que el Gobierno pretende sacar adelante la liquidación de la deuda intentando separar esta medida de la reforma del Estatuto", advirtió. Una vez más apeló al consenso parlamentario para definir el nuevo modelo de radio y televisión pública. Sacaluga recordó el "tirón de orejas" que hace dos meses recibió el Ejecutivo por parte del Consejo de Estado.

González Ferrari desgranó el presupuesto para 2001, en el que se contempla una aportación del Estado simbólica (11.043 millones) similar a la prevista en ejercicios anteriores. De los 265.148 millones de gastos previstos para el próximo año, sólo la mitad se cubrirá mediante ingresos procedentes de la venta de programas y de la publicidad. La otra mitad, 133.703 millones, irá al endeudamiento.

Las mayores partidas de gastos corresponden a la compra de productos televisivos y a los gastos de personal. Los costes financieros suponen más de 40.000 millones, lo que representa un incremento del 56% respecto a este año. Las inversiones rozan los 14.000 millones y están destinadas a la modernización tecnológica. En términos globales, el presupuesto de explotación del grupo crece un 10,3% respecto al de este año. A Televisión Española le corresponden 173.363 millones de pesetas, mientras que Radio Nacional costará 25.691 millones.

Los consejeros socialistas consideran "decepcionante" el presupuesto de la etapa Ferrari por cuanto supone "una repetición" respecto al del año pasado y los 800.000 millones de deuda, "una locura". La consejera del PSOE Anna Balletbó lamentó que las cuentas de 2001 no hayan sido consensuadas con los grupos de oposición. "El Gobierno y el director general de RTVE deberían haberlos vinculado a la reforma del Estatuto y a los mecanismos para enjugar la deuda", dijo. Por su lado, Conde recalcó que los presupuestos están orientados "a mantener la función de servicio público con emisiones de calidad". La sección sindical de CC OO anunció próximas movilizaciones como forma de protesta.