La Generalitat de Cataluña prefiere que el Gobierno no toque la LRU

Después de años exigiendo al Gobierno central la revisión a fondo de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1984, la Generalitat de Cataluña, alarmada por los últimos procesos legislativos parlamentarios en los que el Partido Popular ha utilizado sin ambages su mayoría absoluta por encima de cualquier sugerencia de su, en otro tiempo, socio parlamentario, prefiere que el Ejecutivo se olvide de la reforma del marco jurídico de las universidades. El consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Andreu Mas-Colell, dijo ayer en Barcelona que ha dejado de reclamar la "m...

Después de años exigiendo al Gobierno central la revisión a fondo de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1984, la Generalitat de Cataluña, alarmada por los últimos procesos legislativos parlamentarios en los que el Partido Popular ha utilizado sin ambages su mayoría absoluta por encima de cualquier sugerencia de su, en otro tiempo, socio parlamentario, prefiere que el Ejecutivo se olvide de la reforma del marco jurídico de las universidades. El consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Andreu Mas-Colell, dijo ayer en Barcelona que ha dejado de reclamar la "modificación urgente" de dicha ley "porque si los ánimos son los mismos que con las matrículas de los coches, quizás sea mejor que nos esperemos tres o cuatro años".

Mas-Colell intervino en una jornada sobre el futuro de la Universidad y las reformas legislativas, organizada por la Universidad Pompeu Fabra, y dijo sentirse tranquilo en este sentido porque "no parece que el Gobierno vaya a emprender la reforma de la LRU hasta la segunda mitad de la legislatura o incluso más adelante".

Sin embargo, en Madrid, el secretario de Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias, anunció en el Parlamento que antes de un año estará listo el borrador de la nueva ley universitaria y que será aprobada por el Gobierno en un máximo de dos años. Iglesias señaló que la reforma debe ser rápida, "pero no urgente", como piden los rectores.

Mas-Colell teme, asimismo, que si el cambio legislativo "se hace un día en que la mayoría se levanta de mal humor" la reforma de la LRU vaya en la dirección de debilitar el papel de los consejos sociales de las universidades. Según el titular de universidades del Gobierno catalán, los consejos sociales tienen prerrogativas que todavía no han utilizado, y apuntó concretamente a la facultad de "afectar a la estructura económica del profesorado" en base al artículo 42 de la LRU.

En un sentido similar aunque menos radical se pronunció Enric Argullol, rector de la Pompeu Fabra, que se mostró "poco partidario de las grandes reformas".