La agenda de la ministra de Educación
AULA LIBRE
En su primera intervención en el Parlamento para exponer las líneas principales de su actuación, la ministra de Educación planteó dos iniciativas de enorme calado: modificar la enseñanza de las humanidades y cambiar aspectos sustanciales de las leyes educativas actualmente en vigor. En declaraciones posteriores se ha comprometido a que el Gobierno, antes de que termine el año 2000, cambie las enseñanzas mínimas, que son las que incluyen los aprendizajes comunes para todos los alumnos españoles, y modifique no sólo aspectos relativos a la enseñanza de las humanidade...
AULA LIBRE
En su primera intervención en el Parlamento para exponer las líneas principales de su actuación, la ministra de Educación planteó dos iniciativas de enorme calado: modificar la enseñanza de las humanidades y cambiar aspectos sustanciales de las leyes educativas actualmente en vigor. En declaraciones posteriores se ha comprometido a que el Gobierno, antes de que termine el año 2000, cambie las enseñanzas mínimas, que son las que incluyen los aprendizajes comunes para todos los alumnos españoles, y modifique no sólo aspectos relativos a la enseñanza de las humanidades, sino también a otras áreas de conocimiento.
Debo dejar claro que ambos objetivos son razonables y que responden a problemas e inquietudes ampliamente sentidos, aunque su propuesta concreta, todavía desconocida, suscitará la lógica controversia y la normal oposición. No es esto lo que me preocupa ahora, sino más bien las prisas de la ministra por aprobar las nuevas enseñanzas, el orden de sus prioridades y los olvidos en su agenda.
Considero conveniente que transcurridos 10 años desde la aprobación de la LOGSE se aborde la revisión y actualización de los conocimientos que han de aprender los alumnos. Pero debe hacerse no sólo a la luz de sus posibles disfunciones, sino teniendo también en cuenta los cambios que se han producido en la sociedad en este tiempo. El crecimiento imparable de las nuevas redes de comunicación e información, la configuración de una sociedad multicultural y la mayor dificultad para construir un mundo de valores y de sentido de la acción personal plantea serios desafíos a la educación: ¿qué nuevas competencias básicas hay que desarrollar? ¿Cómo construir un currículo intercultural? ¿Cómo usar de manera creativa el conocimiento? ¿Cómo organizar en disciplinas un conocimiento en permanente cambio y cada vez más interdisciplinar? ¿Cómo se educa a los alumnos para que se sientan ciudadanos del mundo sin perder su identidad nacional? ¿Cómo se les educa en la construcción de valores propios en una sociedad plural y relativista? La necesaria tarea de rehacer los contenidos educativos ha de plantearse mirando al siglo XXI y no con los esquemas de décadas pasadas. Dedicar tres meses a este tema es muy poco serio. Conviene recordar que los contenidos educativos actualmente vigentes se empezaron a diseñar en 1987 y se elaboraron durante dos años, se debatieron después con la comunidad educativa publicándose sus opiniones, se discutieron con las comunidades autónomas y, al final de este proceso, en 1991, el Gobierno realizó la propuesta definitiva.
Pero los problemas no están sólo en que las prisas impiden una reflexión serena y profunda, sino en el desorden de los objetivos. La ministra plantea cambiar primero los contenidos de la enseñanza y después la ley en la que se establece el marco jurídico de esos contenidos. Resulta incoherente. ¿Pretende la ministra cambiar ahora los contenidos educativos, modificar después la LOGSE y volver a cambiar unos meses después los contenidos recién aprobados? Parece más razonable el orden contrario: cambiar primero la ley y después los contenidos de la enseñanza. De esta forma habrá más tiempo para elaborar un proyecto coordinado sobre lo que deben aprender los alumnos españoles en la próxima década, para abrir un amplio debate, para recoger las aportaciones interesantes y para negociar con todos los sectores políticos y educativos, especialmente con las comunidades autónomas. Al final, desde luego, el Gobierno debe decidir. Pero el resultado final será, sin duda, mucho mejor para la educación.
Una última consideración. Uno de los temas pendientes es la reforma de la función pública docente. Es necesario abrir nuevas perspectivas profesionales a los docentes a lo largo de su vida laboral que integren formación, innovación, evaluación y progreso profesional, así como modificar la distribución de su horario laboral para asumir las nuevas funciones que se les están exigiendo. En la agenda de la ministra, este objetivo no aparece, y merece la pena incorporarlo. Es urgente adaptar las condiciones de trabajo de los profesores a las demandas actuales y establecer un sistema transparente y previamente negociado para su desarrollo profesional. Tampoco se puede hacer bien en tres meses, pero si el proceso se inicia ahora, podrá estar terminado antes de que finalice la legislatura.
Álvaro Marchesi es catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad Complutense y ex secretario de Estado de Educación con el PSOE.
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