Únicamente 2.139 inmigrantes han solicitado el permiso de residencia en la comunidad vasca

Un total de 2.139 inmigrantes habían solicitado hasta el pasado 30 de junio el permiso de residencia en la comunidad vasca. Sin embargo, el número de resoluciones es todavía bajo, ya que asciende solamente a 869; de ellas, 738 son favorables. El plazo para legalizar la situación se abrió el pasado 21 de marzo y se cierra el 31 de julio, por lo que se estima que la cifra final de peticiones no superará en mucho la actual. Las organizaciones que ayudan a los inmigrantes critican la lenta resolución de expedientes, el cambio de criterios y el endurecimiento de los requisitos.

El número de ...

Un total de 2.139 inmigrantes habían solicitado hasta el pasado 30 de junio el permiso de residencia en la comunidad vasca. Sin embargo, el número de resoluciones es todavía bajo, ya que asciende solamente a 869; de ellas, 738 son favorables. El plazo para legalizar la situación se abrió el pasado 21 de marzo y se cierra el 31 de julio, por lo que se estima que la cifra final de peticiones no superará en mucho la actual. Las organizaciones que ayudan a los inmigrantes critican la lenta resolución de expedientes, el cambio de criterios y el endurecimiento de los requisitos.

El número de los inmigrantes que reside en el País Vasco de manera ilegal es dificil de precisar. El Ministerio del Interior estima que son unos 18.500 en el País Vasco y Navarra, mientras que las organizaciones no gubernamentales elevan la cifra hasta 20.000. El pasado año, la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía detuvo en Euskadi a unos 1.700 extranjeros en situación irregular.Sin embargo, sólo aproximadamente el 20% de los inmigrantes que se estima viven en el País Vasco había tratado hasta el 30 de junio pasado de legalizar su situación. Los que han requerido información han sido muchos más, alrededor de 8.000 persona, según los datos proporcionados por las subdelegaciones provinciales del Gobierno central.

En Vizcaya, el territorio vasco que más demandas recibe, el número de personas atendidas fue de 3.246, mientras que las solicitudes sólo alcanzan las 1.343. La mayoría de éstas se han entregado en la Delegación de Trabajo (973), mientras que los inmigrantes y organismos que les ayudan acuden poco a la Subdelegación del Gobierno (203) y menos aún a la Jefatura Superior de Policía (177). En las provincias de Álava y Guipúzcoa no se han podido concretar los porcentajes, pero son similares a Vizcaya. En este territorio se han resuelto algo más de la mitad de las peticiones (594), siendo favorables 574. En Guipúzcoa, los inmigrantes que han sido atendidos desde marzo pasado son 1.384, aunque únicamente 372 llegaron a solicitar el permiso, de los que se han solucionado 89 casos, todos ellos favorablemente.

En Álava, los atendidos fueron 3.798, de los que únicamente 442 trataron de regularizar su situación. Con un total de 346 pendientes aún de disponer de papeles, se han aprobado 75.

Finalmente, el único dato de Navarra que se ha podido obtener es que cerca de 500 extranjeros ha legalizado hasta la fecha su situación. En esta comunidad se prevé que unos 600 inmigrante pueden acogerse al proceso de regularización de la Ley de Extranjería.

Las características generales de los solicitantes indican que el 70% no ha sido nunca titular de un permiso de trabajo o de residencia, frente a un 4% que disponía de ellos con anterioridad. Casi el 95% de los inmigrantes pide los dos permisos a los que puede acceder, el de trabajo y el de residencia. Para obtener este último, tiene que disponer del primero, concedido por la delegación territorial de Trabajo.

Las organizaciones sociales y ONGs que asesoran a los inmigrantes en la tramitación de la documentación coinciden en criticar "la demora" de Trabajo [la policía depende de su resolución] en responder a las solicitudes. Javier Galparsoro, responsable de la organización CEAR, critica que a medida que ha ido avanzado el proceso se han endurecido criterios y añadido otros nuevos, con el consiguiente aumento de dificultades. "Trabajo está pidiendo cada vez más documentos que acrediten la permanencia continua del inmigrante [antes de junio de 1999] para que demuestre que no ha salido de territorio español. Llegan a exigir papeles mes a mes, y eso es muy complicado de demostrar", agumenta.

Diego Jáuregui, de SOS Racismo, coincide y añade que los inmigrantes tienen que hacer un sobreesfuerzo para presentar documentos que no siempre tienen. "Y ello no significa que no cumplan los requisitos". Ambos explican que uno de los perjuicios más grave es el sufren aquellos inmigrantes que no habían solicitado con anterioridad un permiso. Para acogerse a la nueva ley tenían que haber presentado la petición antes del 30 de marzo. "Pero no les avisaron, ¿y ahora qué?", se preguntan.