Moratoria sobre la pena de muerte

Danielle Mitterand logró introducir en la última sesión el debate sobre la pena de muerte. Antes de abandonar Santiago, la esposa del fallecido presidente francés dejó dos propuestas sobre la mesa: la necesidad de impulsar una campaña para conseguir una moratoria mundial de cinco años sobre la pena de muerte y la búsqueda de medios que garanticen el acceso universal al agua e impidan su privatización. Nueve de los asistentes se sumaron a la iniciativa de Mitterand sobre la pena capital y acordaron constituir un grupo de trabajo que dará forma a la propuesta antes de elevarla a la Unesco.La con...

Danielle Mitterand logró introducir en la última sesión el debate sobre la pena de muerte. Antes de abandonar Santiago, la esposa del fallecido presidente francés dejó dos propuestas sobre la mesa: la necesidad de impulsar una campaña para conseguir una moratoria mundial de cinco años sobre la pena de muerte y la búsqueda de medios que garanticen el acceso universal al agua e impidan su privatización. Nueve de los asistentes se sumaron a la iniciativa de Mitterand sobre la pena capital y acordaron constituir un grupo de trabajo que dará forma a la propuesta antes de elevarla a la Unesco.La conferencia se clausuró sin conclusiones propiamente dichas para no traicionar el carácter abierto de los debates. Tras algunas discusiones, se acordó que los asistentes se sumasen de forma individual a las propuestas presentadas con el compromiso de crear grupos de trabajo en cada caso para tratar de hacerlas eficaces. Además de la iniciativa de Miterrand, también recogió importantes adhesiones una ambiciosa idea del profesor tunecino Yadh Ben Achour para la creación de instrumentos legales de ámbito planetario que persigan la vulneración de los derechos humanos. Según Ben Achour, los países democráticos no deben conformarse con la instauración del Tribunal Penal Internacional, ya que éste se limitará a enjuiciar delitos de extrema gravedad como los genocidios. La propuesta, apoyada entre otros, por el ex ministro colombiano Augusto Ramírez-Ocampo, pretende crear un Tribunal Constitucional Internacional que perseguiría actuaciones de Gobiernos autoritarios como los fraudes electorales y los ataques a las libertades. También abundaron las propuestas para avanzar en el reconocimiento de los derechos de la mujer y endurecer las penas contra la llamada violencia de género.