Loyola de Palacio presiona a las compañías
El presidente de Iberia, Xavier de Irala, preside también la Asociación Europea de Aerolíneas (AEA) y, en su condición de tal, está recibiendo fuertes presiones de la comisaria europea de Transportes, Loyola de Palacio, para que las compañías aéreas asuman la responsabilidad cuando se retrasen los vuelos. Un informe de la Dirección General de Aviación Civil y otras fuentes gubernamentales aseguran que tanto la AEA (europea) como la IATA (mundial) están ya persuadidas para cambiar sus directrices, ya que las actuales "no responden a las exigencias de la normativa comunitaria sobre contratación"...
El presidente de Iberia, Xavier de Irala, preside también la Asociación Europea de Aerolíneas (AEA) y, en su condición de tal, está recibiendo fuertes presiones de la comisaria europea de Transportes, Loyola de Palacio, para que las compañías aéreas asuman la responsabilidad cuando se retrasen los vuelos. Un informe de la Dirección General de Aviación Civil y otras fuentes gubernamentales aseguran que tanto la AEA (europea) como la IATA (mundial) están ya persuadidas para cambiar sus directrices, ya que las actuales "no responden a las exigencias de la normativa comunitaria sobre contratación".Según el Instituto Nacional de Consumo, también la ley española es incompatible con las cláusulas de exención de responsabilidades expresadas en los billetes. "El transportista", afirma Consumo, "se descarga de responsabilidad en caso de retrasos en los viajes, cuando el régimen legal que la regula, la Ley de Navegación Aérea, sólo limita tal responsabilidad en los supuestos de fuerza mayor o causas meteorológicas que afecten a la seguridad del viaje".
El pasado día 21, la Comisión Europea propuso una legislación comunitaria que, de salir adelante, permitirá asistir rápidamente a los viajeros que sufran retrasos. La iniciativa, impulsada también por Loyola de Palacio, pretende forzar a las compañías a devolver al cliente el importe del billete cuando el retraso supere un límite razonable. La Comisión quiere también que los billetes expresen las condiciones mínimas que las compañías deben respetar, y que se publiquen informes periódicos con las reclamaciones presentadas por los pasajeros. Ninguna de estas medidas entrará en vigor este año. Las indemnizaciones están descartadas.